Los pobladores y personas vinculadas a la comercialización de combustibles en la región han reconocido su existencia.
La Gerencia Regional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (FPFB) es responsable de la venta de combustibles en la capital potosina y ciudades intermedias de Tupiza, Uyuni, Villazón y Atocha. En cambio, la comercialización de gasolina y diésel en Llallagua, Uncía, Catavi y otras ciudades cercanas a la región de Oruro, corresponde a la jurisdicción de la Regional Oruro de YPFB.
En esta región, existe una venta irregular de hidrocarburos en tiendas, y lo más curioso es que los compradores no necesitan contar con la tarjeta Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-sisa), que es obligatoria según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
A pesar de que la ANH exige el registro B-sisa para la compra de combustible en todo el territorio boliviano, los propietarios de «autos chutos» pueden adquirir gasolina y diésel sin cumplir con esta obligación. Los encargados de la venta de carburantes en gasolineras desconocen cómo los comerciantes de las poblaciones del norte potosino acceden a los hidrocarburos.
Se presume que el sistema de recolección por bidones podría ser una vía para que los vendedores obtengan gasolina o diésel. Sin embargo, el volumen de combustible que se puede adquirir por persona es limitado a 20 litros, presentando su documento de identidad.
En Bolivia, el precio de un litro de gasolina es de 3.74 Bolivianos, mientras que el precio internacional supera la barrera de los 12 Bolivianos. Esta situación genera un mercado negro de hidrocarburos que beneficia únicamente a los propietarios de «autos chutos».
