El presidente Alberto Fernández expresó su desacuerdo con abandonar la ley, como le pidió Massa. Por su parte, el PRO exige la derogación por ley y no por decreto. El ministro de Economía, en tanto, propuso dejar sin efecto al menos algunos artículos de la norma por seis meses y evaluar si de esa manera aumentan la oferta y bajan los precios.
Según el diputado Carlos Selva, uno de los más cercanos a Massa, “Es un tema delicado hasta internamente para nosotros. Lo que garantizo es que no se va a derogar la ley de alquileres, sino que se van a suspender algunos de los artículos que tiene la ley hasta que tengamos un nuevo modelo”.
Sin embargo, la idea no cuenta con pleno consenso en el oficialismo, mientras que en el Congreso tampoco hay una agenda prevista para reanudar la discusión sobre el tema. El diputado del Frente de Todos por Salta, Hugo Godoy, quien debería liderar un nuevo debate sobre alquileres por presidir la comisión de Legislación General, anunció que por ahora no está en carpeta reanudar la discusión.
Por su parte, los inquilinos agrupados, principales promotores de la ley de alquileres, defienden la regulación del mercado de alquileres y aseguran que el problema es la falta de cumplimiento. Gervasio Muñoz, titular de la asociación de inquilinos agrupados, asegura que la ley seguirá vigente.
Las diferencias en el Frente de Todos y en el PRO sobre la Ley de alquileres, han generado un cuadro de imprevisibilidad en el tema. La situación se complejiza aún más, debido a que el año pasado no hubo consenso para aprobar otra ley y quedó la actual, surgida pocos días antes del final del gobierno de Mauricio Macri, quien la había resistido durante su gestión.
A pesar de que Massa le manifestó a Alberto su intención de suspender la ley de alquileres por decreto, los inquilinos defienden la ley y aseguran que el presidente la sostendrá. En este escenario, el diputado Godoy considera que “la desregulación no es la solución y hay que buscar las alternativas para una ley que provoque que haya más ofertas, el precio no se eleve y existan regulaciones en lo contractual que protejan más al inquilino por parte del Estado”.Por su parte, el PRO presentó un proyecto para insistir en la derogación de la ley. “Si el Gobierno no quiere demorar más y seguir generando angustia a millones de argentinos, el oficialismo debe votar este proyecto sin más excusas o estratagemas”, reclamó Hernán Lombardi
