Las «unidades ejecutoras especiales temporarias» fueron diseñadas durante el gobierno de Mauricio Macri para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, pero la gestión actual las utiliza para poblar distintos ministerios con estas estructuras políticas, muchas de las cuales cumplen funciones que se superponen con otras áreas de la administración.
En la actualidad, 22 unidades ejecutoras especiales se encuentran en funcionamiento, principalmente en la Jefatura de Gabinete y en los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Obras Públicas y Transporte. Estas unidades son comandadas por funcionarios políticos designados con jerarquía de secretario y subsecretario de estado, con sueldos que superan los $1,2 millones mensuales. Algunas de ellas tienen nombres ampulosos, como la «Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas», cuya misión es «colaborar en la coordinación integral de los circuitos destinados a dar respuesta a las cuestiones priorizadas por el ministro, articulando su accionar con las áreas económicas y productivas de la jurisdicción».
Por otro lado, los entes cooperadores, en especial los registros de la propiedad automotor, son regenteados por amigos del poder, cuentan con miles de empleados y facturan millones. La opacidad es la regla en estas entidades que sirven para nombrar personal por debajo del radar del control.
La oposición de Juntos por el Cambio ha puesto en cuestionamiento esta proliferación de unidades ejecutoras, muchas de las cuales se conformaron sin un propósito que justifique su carácter transitorio y excepcional. Además, fueron creadas con dos años de vigencia, lo que implica que su funcionamiento excederá la actual gestión. La diputada de Pro, Germana Figueroa Casas, ha criticado el aumento del gasto público en un contexto de inflación anual de tres dígitos, déficit y una presión impositiva insostenible para los sectores productivos.
En resumen, el gobierno de Alberto Fernández ha creado unidades ejecutoras especiales y entes cooperadores para nombrar personal y designar funcionarios políticos a discreción, en un contexto de austeridad del Estado. La opacidad es la regla en estas entidades, muchas de las cuales se conformaron sin un propósito que justifique su carácter transitorio y excepcional. La oposición ha puesto en cuestionamiento esta práctica y ha manifestado su intención de eliminarlas si llegara a ganar las próximas elecciones presidenciales.
