El presidente Guillermo Lasso anunció en un mensaje a la nación la autorización de la “tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley y el reglamento”, con el fin de combatir al enemigo común del país: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.
El porte de armas en Ecuador estaba contemplado en la legislación desde los años 80, pero en 2009, bajo la presidencia de Rafael Correa, el porte quedó suspendido de modo indefinido, no así la tenencia de armas, que se mantuvo siempre bajo requisitos legales.
Existe una diferencia importante entre tener un arma y portarla. La tenencia consiste en poseer un arma para defensa personal o para otras actividades como la caza. Típicamente dicha arma no puede sacarse del hogar o de un determinado lugar. Por otro lado, el concepto de porte de arma suele utilizarse para referirse a la autorización que recibe una persona para trasladarse con un arma que ha adquirido de forma legal.
En América Latina, el porte de armas de algunos ciudadanos está garantizado constitucionalmente, con muchas restricciones y condiciones, en Guatemala, Haití y México, mientras que en Honduras se autorizó en una ley aprobada a principios de siglo. En la isla de Puerto Rico, que es un territorio no incorporado de Estados Unidos, también es legal portar armas. Pero incluso en estos lugares el sector está estrictamente regulado.
En el caso de México, aunque los ciudadanos tienen el derecho constitucional a poseer armas, solo hay una tienda que las vende en el país, ubicada en Ciudad de México. Por su parte, en Haití es prácticamente imposible para una persona civil obtener una licencia en la actualidad debido a que el sistema de licencias colapsó hace algunos años.
En Brasil, el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro relajó en 2019 los requisitos para portar y poseer un arma por parte de particulares, lo que incrementó las ventas de armas de fuego a la población civil. Pero a principios de este año, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que inició el proceso de reestructuración de la política de control de armas del país, que obliga a aquellos que quieran portar un arma a tener una justificación.
El experto en prevención de lesiones por armas de fuego de la Universidad de Michigan, Eugenio Weigend Vargas, asegura que muchos grupos que apoyan la flexibilización del porte de armas de fuego suelen vender el “mito” de que establece una equidad entre el delincuente y el ciudadano. “Pero el delincuente siempre cuenta con un elemento de sorpresa. Sabe exactamente cuándo va a suceder el delito, mientras que el ciudadano no.
