El 9 de febrero la atención mediática chilena estaba puesta en la feroz ola de incendios forestales que arrasó la zona centrosur, la más mortífera en una década. Esa mañana, lejos de las llamas, Rodolfo Carter, alcalde del municipio de La Florida, en la zona sur de Santiago, tenía previsto estrenar una iniciativa para la recuperación de barrios: demoler una casa vinculada al narcotráfico. Carter, opositor al Gobierno de Gabriel Boric, relata a EL PAÍS que le dijeron que mejor haría en aplazarlo, que la medida no tendría cobertura mediática. A sus consejeros les falló el olfato.
Los populares programas de la mañana de la televisión chilena reemplazaron las imágenes de los bomberos por las grúas y el gran despliegue de La Florida. Desde entonces, Carter ya ha echado abajo tres viviendas y están previstas otras 17, según cuenta en su despacho decorado con fotografías de Ronald Reagan, John F. Kennedy y Winston Churchill. Los críticos con este alcalde de derechas lo califican como un show mediático con tintes populistas, pero el 88% de la ciudadanía aprueba la medida, según una encuesta de Panel Ciudadano UDD, en la que la delincuencia y el narcotráfico aparecen como los problemas más grandes que enfrenta el país. Los municipios norteños de Antofagasta y Calama ya han dado los primeros pasos para llevar a cabo demoliciones de narcocasas. La fórmula Carter se expande.
Este alcalde, buen lector y conocedor del sistema político español, no va por libre en esa cruzada. El pasado martes, el Senado despachó una norma que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Como señala el último informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile, los esfuerzos de distintas organizaciones criminales internacionales insisten en instalarse en el país y la pandemia imprimió una velocidad inusitada a los cambios que ya se venían experimentando desde 2015.
La Florida, con unos 400.000 habitantes, es el quinto municipio más poblado de Chile, y su composición sociodemográfica suele utilizarse como espejo de la realidad nacional: un sector pequeño de clase alta y baja y una gruesa clase media emergente y vulnerable. Carter, de 51 años, lleva dos décadas trabajando para el municipio en el que creció. Primero como concejal y desde 2011 como alcalde -ha sido reelecto dos veces- por el partido de derecha UDI, que abandonó en 2014. Como independiente, continúa siendo parte de la coalición de oposición, Chile Vamos, de la derecha tradicional.
Carter explica que la iniciativa surgió de una conversación con los fiscales, quienes pusieron el foco en que los delincuentes siguen haciendo su negocio desde las cárceles porque sus casas siguen funcionando. Tras ese encuentro, el alcalde de La Florida se reunió con el director de obras del municipio, que le comentó que la ley general de urbanismo y construcción “tiene un espacio” para demoler las ampliaciones irregulares de las casas. Descubierto ese resquicio, la Fiscalía Oriente les entregó un listado de 20 viviendas con causas penales vigentes, donde ha habido tráfico, hechos violentos y detenidos, operadas por al menos dos mafias: una chilena, la del Macaco, y el Cartel de Cali, de Colombia.
En términos prácticos, el narcotraficante puede comprarse o alquilar otra casa después del derrumbe. Y ya advertido de las posibles consecuencias, no ampliarla de manera irregular. “Esta no es la solución al narcotráfico, no es la última ni la única medida, pero dentro de las pocas competencias que tiene el alcalde, es lo que más podemos hacer, interpretando la ley de la forma más extrema para ayudar a la Fiscalía y para dar una señal territorial de que estamos peleando”, apunta Carter, abogado de la Universidad Católica.
El ministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, sostuvo que “la estrategia ha sido jurídicamente ingeniosa”. También lo calificó como un “riesgo” que toma el alcalde porque se “expone en la primera línea”. De hecho, la autoridad municipal ha recibido amenazas de muerte desde que comenzó con las demoliciones y el Ministerio Público le brindó vigilancia personal y en su casa, donde vive junto a sus dos hijos, de 11 y 10 años, adoptados hace un par de años.
