¿Cuál puede haber sido la razón que llevó al presidente Emmanuel Macron a encender voluntariamente la mecha del polvorín? Consciente de que más del 75% de los franceses consideraba inadmisible la imposición de su reforma jubilatoria mediante el uso del artículo 49.3 de la Constitución, que le permite adoptar una ley sin pasar por el Parlamento, el jefe del Estado —sin mayoría en la Asamblea— así lo decidió este jueves provocando la indignación inmediata en todo el país.
Resultado: manifestaciones espontáneas en todas las ciudades francesas, muchas de ellas marcadas por violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, un endurecimiento de la posición ya intransigente de las centrales sindicales que —reunidas en intersindical— anunciaron nuevas jornadas de movilización para este fin de semana y la semana próxima, y sendas mociones de censura de la extrema derecha y la extrema izquierda en el Parlamento para los próximos días que, de tener éxito, podrían obligar a la actual primera ministra, Elisabeth Borne, a dejar su puesto.
Tras dos meses de batalla parlamentaria y protestas callejeras, y después que el texto de ley fuera ampliamente adoptado por el Senado por la mañana, el presidente tomó la decisión —en contra de la opinión de su primera ministra y de varios miembros de su gabinete— de recurrir al artículo 49.3 para hacer adoptar sin votación esa muy impopular reforma jubilatoria.
Después de constatar que existía en la Cámara de Diputados una mayoría extremadamente incierta, Borne anunció —ante un hemiciclo en ebullición— su intención de forzar la adopción de esa emblemática reforma prometida por Macron en sus dos quinquenios, que llevará la edad de la jubilación de 62 a 64 años, aumentando además el tiempo de cotización a 43 años.
“No se puede hacer apuestas sobre el futuro de nuestras jubilaciones”, justificó Borne ante la prensa. “En pocos días, no tengo dudas, el compromiso responsable del gobierno tendrá como respuesta una o varias mociones de censura. Pero será la democracia parlamentaria la que tendrá la última palabra”, afirmó.
Cuatro reuniones se habían realizado en menos de 24 horas en el Palacio del Elíseo en torno a Emmanuel Macron para decidir si el gobierno utilizaría ese famoso artículo 49.3, que para la Argentina es asimilable a hacer adoptar una ley mediante un decreto gubernamental. El presidente justificó su decisión invocando los “riesgos financieros demasiado importantes” que implicaría un rechazo parlamentario.
“Mi interés y mi voluntad políticos eran ir a la votación. Entre todos ustedes, yo no soy el que arriesga su puesto o su banca”, reconoció durante una reunión de gabinete extraordinaria, según un participante. “Pero habrá una votación de ese texto. Está previsto por nuestras instituciones. Me refiero a la moción de censura. No se puede jugar con el futuro del país”, insistió.
En efecto, como lo autoriza la Constitución, las oposiciones anunciaron mociones de censura para tratar de derrocar el gobierno y, en consecuencia, hacer fracasar la reforma. Pero si esas mociones no prosperan, la ley de reforma jubilatoria quedará de facto aprobada.
Esa no es la interpretación de la intersindical ni de las oposiciones de extrema derecha e izquierda en el Parlamento, para quienes, hasta que los decretos de aplicación de una ley no son publicados, hay posibilidades de hacerla retirar.
“Nada ha terminado”, previno Mathilde Panot, líder de Los Insumisos (LI). No solo la formación de extrema izquierda de Jean-Luc Melenchon pretende organizar una “moción de censura transpartidaria”, sino también presentar un recurso ante el Consejo Constitucional por parte de todas las formaciones de izquierda parlamentaria (Nupes) y la organización de un referéndum de iniciativa compartida, que permitiría “bloquear la reforma durante nueve meses”.
“Cuando un presidente no tiene mayoría en el país y no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, tiene que retirar su proyecto. El Elíseo no es un sitio destinado a ejecutar los caprichos del presidente”, lanzó Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista (miembro de la Nupes en la cámara), acusando a Macron —como el resto de la oposición— de actuar en forma “antidemocrática”.
