La mitad de los argentinos hoy no trabaja: hay 7 millones de personas inactivas en edad de trabajar y 1,5 millones de desocupados; las legislaciones laborales.
Por Dante Sica – Hace unos años alerté sobre el drama de las tres Argentina, refiriéndome a la fragmentación del mercado laboral de nuestro país, en el que el porcentaje de los trabajadores informales crecía exponencialmente, resignando derechos, y también, incrementando la fragilidad del sistema previsional por la ausencia de aportes. Como cualquier mal que no se trata, se encarna y hoy estamos cada día peor, con un mercado laboral más agrietado aún y una pobreza alarmante.
La disrupción en las economías y las formas de trabajo que provocaron, primero, la pandemia y, ahora la guerra, modificaron los ejes del debate a nivel global y generaron un enfoque integral que busca lograr el bienestar de las personas, escalando la discusión de paritarias o salarios. Ahora hay una mirada que apunta al crecimiento inclusivo como pilar de desarrollo de los países. Ese crecimiento puede estimular la inclusión al crear igualdad de oportunidades y un progreso de base amplia, reducir la desigualdad y elevar la dignidad del trabajo.
¿Estamos a años luz de ese debate? Puede ser, pero nadie espera. Si el trabajo ya no es garantía de seguridad de ingresos, ni de integración social y tampoco de perspectiva de futuro, el sistema ya no sirve.
Hoy la mitad de los argentinos no trabaja: 7 millones de personas inactivas en edad de trabajar y 1,5 millones de desocupados. Y, de la mitad que sí trabaja, 9,4 millones están en la informalidad o haciendo alguna actividad por su cuenta.
Las legislaciones laborales tienen como premisa ser universales y equitativas. La realidad es que su jurisdicción retrocede ante una dinámica que las marchita: las normas regulan funciones y oficios inexistentes, los trabajadores enmarcados son cada vez menos, los modelos de empresas son de hace un siglo y, sobre todo, las nuevas demandas del mercado quedan afuera de las regulaciones dejando a millones de trabajadores en el desamparo.
La Argentina presenta un mercado de trabajo fragmentado, con una brecha entre ganadores y perdedores que se amplía y en la cual las oportunidades de mejora social son cada vez más escasas. La inestabilidad macroeconómica, la alta presión tributaria y las características propias del mercado laboral han dado forma a cuatro problemáticas que es necesario abordar.
Pero vamos por partes. La mitad de los argentinos que no tiene trabajo revela el primer problema: la forma en que está organizado el mercado de trabajo no genera empleo y, mucho menos, empleo de calidad. En esta crisis, la reacción que provoca el concepto de reforma laboral es un cliché porque no hay derecho más vulnerado que la ausencia de derechos.
El segundo problema es que la condición de trabajador no garantiza la salida de un entorno de vulnerabilidad: el 47% de los trabajadores informales y el 44% de los cuentapropistas son pobres. Incluso, el 16% de los trabajadores formales es pobre.
El tercero es que trabajamos y producimos en un entorno de informalidad generalizada. La proliferación del efectivo -aun a pesar del avance que han generado las plataformas de medios de pago- junto con el aumento de la presión tributaria multiplicaron las transacciones fuera del circuito formal y eso se traduce en menores probabilidades de empleos registrados. A este crítico panorama se suma un entorno de alta tensión laboral, con más de 100 conflictos con paros promedio por mes en los últimos diez años.
Y el otro y el otro… es que la Argentina tiene un mercado desarticulado, derivado de su condición de economía dual: no faltan trabajadores, faltan las competencias y habilidades que requieren las industrias. El 72% de las empresas reporta que encuentra dificultades para cubrir vacantes. En la otra vereda, el 86% de los desocupados tienen bajos niveles de calificación. A esto se suma que jóvenes y mujeres siguen un paso por detrás en su capacidad de insertarse en el mundo del trabajo, con un impacto directo sobre la productividad promedio de la economía.
La era de la inclusión
De cara a los próximos años, la Argentina necesita un nuevo esquema de reglas de juego, que apunte a construir un sistema dinámico, moderno y, sobre todo, inclusivo para ingresar a la economía del siglo XXI.
La transformación de las dinámicas propias del mercado laboral no puede hacerse únicamente modificando la política laboral. En efecto, el mercado de trabajo es la resultante no solo de sus propias reglas, sino de las múltiples interacciones de las demás esferas de la política pública y de la vida en sociedad.
La incorporación de nuevas tecnologías no necesariamente reduce el empleo. Aumentar la productividad y abaratar los costos y precios de los bienes tiene un efecto positivo sobre el ingreso disponible y la demanda agregada, generando empleo en la economía en su conjunto.
No obstante, es necesario tener en cuenta que la incorporación de tecnología genera impactos diferentes entre sectores, porque potencia ciertas ocupaciones y debilita otras, cambiando el balance entre habilidades y tareas. Las tareas más demandadas suelen estar asociadas a altos grados de calificación, como habilidades cognitivas blandas (resolución de problemas complejos, adaptabilidad, trabajo en equipo, creatividad), o habilidades duras (programación, desarrollos de software).
Varios países están implementando políticas para enfrentar los desafíos que trae el futuro del empleo. La experiencia internacional concentra esfuerzos en garantizar un sendero de aprendizaje permanente y formar a los trabajadores en las habilidades del futuro. Al mismo tiempo, se adoptan legislaciones laborales más modernas y herramientas de protección social vinculadas a las nuevas formas de trabajar.
La digitalización, los mercados laborales abiertos y la economía de plataformas no condicen con un esquema que se organiza bajo la dicotomía, independientes-dependientes y relaciones obrero-patrón. En la Argentina, un trabajador tiene solo dos opciones: ser independiente o ser asalariado. En menos de una década, la cantidad de monotributistas aumentó en 500.000 personas, mientras que los trabajadores en relación de dependencia lo hicieron en 100.000. Es necesario encontrar modalidades contractuales que permitan transparentar y visibilizar el mundo del trabajo del futuro, que ordenen los compromisos y obligaciones de las partes sin comprometer la generación de empleo.
Una agenda de trabajo
Es importante que entendamos que hay cuatro grandes verticales que la política pública debe tomar como hoja de ruta para iniciar el camino de la inclusión: fomentar la creación de empleo privado y formal, reconectar los marcos laborales a la realidad productiva, promover el talento y la integración y, fundamentalmente, plantear el desarrollo humano como prioridad en esa agenda de trabajo.
Mejorar la empleabilidad significa más y mejor empleo de calidad, mayor participación laboral y el desarrollo de competencias y habilidades, con marcos normativos enfocados en el trabajador, en vez de en el puesto de trabajo. Alcanzar estos objetivos implica evaluar las transformaciones teniendo en cuenta los nuevos modelos de familia, las transiciones de las personas a lo largo del ciclo de la vida personal y laboral. También requiere internalizar el foco en el desarrollo humano con una mirada que integre como asociaciones positivas, la estrategia productiva, el sistema previsional, la política social, la estrategia educativa y el sistema de salud.
En otras palabras, se trata de dar un salto adelante, entendiendo que el secreto del cambio es enfocar toda la energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo: un camino que nos lleve al crecimiento inclusivo. Una pobreza estructural que supera el 40 % nos obliga a saldar este debate de manera urgente.
