Con 40 metros de profundidas, el Pozo de Vargas había sido construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Pero en la dictadura se convirtió en una fosa común.
El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, está ubicada en la ciudad tucumana de Tafí Viejo y funcionó durante el terrorismo de Estado.
Con 40 metros, el Pozo de Vargas en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas, y fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.
A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante Operativo Independencia y la dictadura militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.
De los 149 restos óseos que se encontraron, 116 ya fueron identificados.
El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y el comienzo de la investigación en el lugar.
El 10 de febrero pasado, la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán informó en un documento que la investigación de la denominada causa «Pozo de Vargas», luego de 20 años de trabajo, «ha llegado al final de la excavación».
«De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba al interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)», indicó el texto.
Los familiares quieren saber de quiénes son los 33 restos que falta identificar. (Foto: Diego Aráoz)
La Fundación detalló que con esta investigación «se recuperaron los restos óseos de 149 personas, de los cuales 116 fueron identificadas a través de análisis de ADN, ello implica que 33 personas que fueron víctimas de desaparición forzada no pudieron ser identificadas».
En tanto, días después la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad aclaró que aún se encuentran pendientes de realización algunas «tareas periciales».
Ese comunicado señaló que «el 2 de febrero, el juez Fernando Poviña ordenó que, atento al estado en que se encuentra la excavación arqueológica, se requiriera a los peritos del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que trabaja en el lugar desde los inicios de la investigación, la producción de un informe técnico».
«El magistrado instó al CAMIT a concentrarse en las labores de zaranda, a los fines de permitir el análisis pericial pertinente de los restos humanos rescatados», se añadió. Por otro lado, se encomendó al perito geólogo que interviene en el proceso la producción de un informe «técnico adicional».
«De ello surge que aún restan informes periciales tanto de los peritos del CAMIT como del geólogo para controlar la tarea de recuperación de restos y elementos asociados», agregó el informe.
Marta Rondoletto, presidenta de la Fundación Memorias e Identidades que comenzó su labor en 2001 y familiar de cinco personas detenidas desparecidas, contó a Télam los inicios de la investigación del Pozo.
«Al poco tiempo de recuperada la democracia, en el año 84, un compañero expreso político conocido como ‘Chueco’ Rodríguez me habló de que había un pozo en el que habían tirado personas, en ese entonces hicimos un recorrida por la zona indicada, pero los vecinos decían no saber nada», recordó la mujer.
