Aunque la Argentina es un país federal, la realidad de lo que sucede en cada territorio es muy
disímil y la economía de las provincias es una muestra más de la situación. Durante la última
década, en promedio, las transferencias totales por habitante de Nación a las provincias cayeron
4,4%, mientras el nivel de empleo público cada 1000 habitantes aumentó 11%, según se desprende
de un informe privado.
El estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba demuestra que “mientras mayor sea el
nivel de transferencias per cápita recibidas por las jurisdicciones, mayor es el nivel de empleo
público”. De acuerdo con los últimos datos disponibles, Tierra del Fuego “lidera el ranking de
distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de
empleados públicos cada 1000 habitantes”.
Completan el grupo de mayores transferencias y empleo público Catamarca, La Rioja, Santa Cruz,
La Pampa y Jujuy, que están por encima del promedio en ambos indicadores.
En el otro extremo están las provincias con menor dependencia de Nación y también con menos
peso del empleo público. La Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y
Misiones figuran en esa lista.
“Se cumplieron 35 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.548, la de coparticipación. Esa
norma estableció, desde el 1 de enero de 1988, un régimen transitorio de distribución de recursos
entre la Nación y las Provincias. Nunca se cumplió con la actualización prevista en la reforma
constitucional de 1994″, señala el informe.
En esa reforma se planteaba que la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires y entre estas, se efectuaría en relación directa con las competencias, servicios y
funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto y que sería “equitativa,
solidaria y daría prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad
de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Sin embargo, todos los meses, la Nación transfiere recursos a las provincias y a CABA, la mayor
parte son por coparticipación, aunque también hay envíos discrecionales por fuera de esa ley.
“El resultado del comportamiento descripto es que el plantel de empleados públicos en las
provincias está sobredimensionado en comparación con su recaudación tributaria. Por ejemplo,
ninguna provincia podría cubrir todo su gasto en personal con esos recursos, mientras que el
promedio de las jurisdicciones sólo llega a cubrir 45% de ese ítem. Quince jurisdicciones se
encuentran por debajo de este promedio”, señala el documento elaborado por la bolsa cordobesa.
En ese sentido, el informe destaca que Nación y provincias llevan a cabo “políticas de ingresos y
gastos públicos descoordinadas, con un marco legal claramente desbordado por la realidad” que
tiene consecuencias negativas para la sociedad, como la “elevada presión fiscal sobre el sector
formal de la economía para financiar el tamaño del Estado creciente” que no logra dar servicios
públicos eficientes.
Este es el resultado de un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en
cuenta en las discusiones para una futura modificación del régimen de Coparticipación, que amerita
entre otras cosas estudiar la posibilidad de disminuir la importancia de las transferencias de libre
disponibilidad a las provincias en el marco de una rediscusión de las potestades fiscales de los
distintos niveles de gobierno”, concluye el informe.
