Mientras la provincia de Mendoza se prepara para ir a la Corte Suprema de Justicia a litigar contra la Nación por la cesión de tierras provinciales a comunidades mapuches, 25 diputados de Juntos por
el Cambio decidieron citar al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
Alejandro Marmoni, para que explique al Congreso las decisiones tomadas por el organismo que
depende del Ministerio de Justicia.
Encabezados por Carla Carrizo (Evolución Radical-CABA), los funcionarios de JxC presentaron un
pedido para que Marmoni vaya al Congreso a explicar “por qué se violó la ley 26.160 al
adjudicarse, en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza, 25 mil hectáreas a
comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el gobierno provincial”.
Para la diputada, lo que está sucediendo en la provincia cuyana “no es una excepción, es más bien la
regla, porque no es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal
desempeño”. Además, según la dirigente, la ley de Emergencia para relevar las comunidades
originarias tiene 17 años y ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten
los problemas de este organismo. “Pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI
rinda cuentas en el Congreso, nunca lo hizo en todos estos años”, agregó la diputada.
Por otro lado, en los próximos días, la administración del gobernador radical Rodolfo Suárez
presentará un recurso administrativo frente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para
que se detenga la entrega de tierras a comunidades indígenas y se declaren inconstitucional las
últimas tres resoluciones que habilitaron la cesión de las mismas. “Si lo rechazan, que es lo más
probable, porque es el mismo INAI quien tiene que aceptarlo o no, vamos a ir derecho a la Corte
Suprema de Justicia porque es un problema entre la administración provincial y la Nación”,
explicaron desde la provincia.
Desde 2021, Carrizo pide que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26.160. Entonces el Presidente
terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, la diputada de Evolución
reclamó que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las
tierras. “Tampoco ocurrió y, en agosto, renunció la titular, así el organismo estuvo acéfalo por meses
hasta fin de año. Ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma
línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, detalló la diputada del
sector que lidera Martín Lousteau.
En las últimas semanas el INAI publicó diversas resoluciones (36/2023, 42/2023 y 47/2023), sobre
relevamientos territoriales en la provincia de Mendoza, que reconocieron la posesión de alrededor
de 25 mil hectáreas a diversas comunidades pertenecientes al pueblo mapuche, próximas a los
departamentos de San Rafael y Malargüe, que motivaron objeciones del gobernador de la provincia,
Rodolfo Suarez, que iniciará acciones judiciales. Además, el otro conflicto es que, en la última
operación, las tierras entregadas tienen 52 pozos petroleros debido a que buena parte está asentada
en una zona de Vaca Muerta.
Historia de una ley
En 2006, el Congreso sancionó la ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las
comunidades indígenas originarias por el término de cuatro años. Pasaron 17 y fue prorrogada
sucesivamente sin rendición de cuentas en el Congreso. La última fue por un DNU en noviembre
del año pasado y luego se extendió la vigencia de la normativa hasta el 23 de noviembre de 2025.
Para cumplimentar esta ley se asignó un presupuesto extra de 290 millones por cada año para
realizar los relevamientos y se estipuló que deben ejecutarse con la intervención del Estado
provincial. Lo que tampoco ocurrió en el caso de Mendoza que se denuncia.
