El gobierno de Salta emitió el decreto 91/23, que aprueba el Protocolo de Actuación del las fuerzas
de seguridad del Estado Provincial en manifestaciones. De acuerdo a lo comunicado por el
Ejecutivo provincial,los motivos principales estuvieron guiados por las protestas realizadas en el
norte salteño, en los departamentos de San Martín y Orán, donde se reclama hace dos meses el
acceso al agua potable sana y segura, así como mejoras en la prestación del servicio de educación y
salud, y se rechaza os aumentos en las boletas de energía eléctrica.
No obstante, el gobierno de Gustavo Sáenz consideró que esos reclamos afectan "gravemente los
derechos constitucionales de los ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo
la salud y el bienestar de la población en general". Además de que se perjudica a la economía de
esas zonas, puesto que "gran parte de las manifestaciones públicas se desarrollan en rutas y caminos
por los cuales se transporta la producción, se abastece la industria y el comercio, entre otras
actividades", indica el protocolo.
Oficialmente el Ejecutivo salteño había anunciado que trabajaba en el protocolo de actuación junto
al Ministerio Público Fiscal de la Nación. El propio gobernadr contó en sus redes sociales que
convocó a una reunión al procurador General de la provincia, Pedro García Castiella; al fiscal
federal general, Eduardo Villalba; al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; al fiscal
de Estado Agustín Pérez Alsina, y la auxiliar fiscal federal Roxana Gual.
Según se informó, en el encuentro se consideró que "cada vez que se libera un corte de ruta, se
reducen en gran medida los controles de colectivos, camiones y vehículos particulares". La
conclusión fue que debido a los cortes de ruta en zonas de frontera, aumenta el "riesgo del
transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas". Tras anunciar la medida, el gobierno
sostuvo que con el protocolo se "buscará dar respuestas a la preocupación de la ciudadanía que ve
afectado su derecho de circulación".
Aún así, el protocolo generó manifestaciones en contra, y esa parece ser la razón que motivó al
ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, a convocar a una conferencia de prensa para
hoy a las 9 en el Centro Cívico Grand Bourg para referirse a los objetivos y la aplicación del
decreto 91/23. El gobierno sostiene que la normativa resguarda y garantiza "los derechos
constitucionales de protesta y de libre circulación promoviendo la resolución pacífica de los
reclamos sociales y el diálogo con las áreas competentes".
