Por Joaquín Morales Solá – No saben por qué piden el juicio político, pero lo piden. Ni
siquiera leyeron los expedientes en los que se solicita el enjuiciamiento de los máximos
jueces del país. Por ahora, se limitan a los estrépitos de un show para conformar a la
lideresa política del país. Así se mostraron los diputados cristinistas en la primera sesión de
la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. El caso de la Corte Suprema
tiene secuelas más allá de la propia Corte; las empresas internacionales con sucursales en el
país preguntan a sus ejecutivos más por ese juicio que por la marcha de los negocios
locales. Los empresarios argentinos no están menos preocupados. Obvio: ¿quién puede
esperar qué, si la facción política gobernante cae de esa manera sobre los magistrados más
empinados del país?
La política también le teme a una vicepresidenta dispuesta a profanar todos los límites en su
incansable búsqueda de una impunidad imposible. Para peor, dicen, el Presidente se rindió
definitivamente ante ella y, a veces, sobreactúa las peores intenciones vicepresidenciales.
Como se ve, el primer afectado es Sergio Massa, porque desde que se inició el escándalo
político contra la Corte la economía no ha hecho más que empeorar. Massa tampoco quiere
frenar los desenfrenos. Tanto Alberto Fernández como él especulan con el decisivo apoyo
de Cristina Kirchner para ser candidatos presidenciales del peronismo. “Guste o no, el
candidato peronista será quien sea respaldado por Cristina Kirchner. Ella influye de manera
decisiva sobre el 60 por ciento de los votos del Frente de Todos”, resume un encuestador
muy alejado del oficialismo. La disputa de fondo es, entonces, entre el Presidente y su
ministro de Economía por el apoyo de Cristina Kirchner. Vana esperanza de Alberto
Fernández. La expresidenta ya le hizo saber de mil maneras que lo único que quiere es ver
al Presidente viviendo de nuevo en su departamento de Puerto Madero. ¿Queda alguna
duda? La sonora crisis que provocó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, un
empalagoso servidor de Cristina, por un hecho sin entidad suficiente (no fue invitado a un
acto de Alberto Fernández y Lula con organizaciones de derechos humanos) debería
despejar cualquier suspicacia. Ni Cristina ni Alberto se privan, entonces, de promover
banales escándalos frente a una sociedad asediada por sus propias penurias. ¿Cómo no
preocuparse por los once meses que faltan hasta el fin del actual mandato presidencial?
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Cómo se llegará?
Una mayoría de la Comisión de Juicio Político (que integran dos decisivos diputados de
Massa) rechazó el pedido de la oposición para que, como es costumbre, una subcomisión de
tres legisladores separe la maleza del trigo entre tantos pedidos de juicio político a la Corte.
Esa subcomisión suele trabajar con un perfil bajo. El perfil bajo es lo que Cristina no
quiere. El espectáculo debe seguir. Será todo el plenario de la Comisión el que analizará
delante de las cámaras de televisión cada uno de esos pedidos. Dicen que por instrucción
precisa de Cristina Kirchner, instrumentada por otro de sus servidores, el diputado Eduardo
Valdés, se montó al lado del recinto de la Comisión una sala de prensa por la que desfilarán
los testigos que hablarán en contra de los jueces supremos. De hecho, también esa mayoría
de la Comisión rechazó un pedido de la oposición para recibir cuanto antes el testimonio de
juristas independientes sobre si tales pedidos de juicio político son admisibles. Todo es
admisible para Cristina Kirchner cuando se trata de destruir a un enemigo; su enemigo es
ahora la Corte Suprema. Sin embargo, sería ingenuo suponer que el escándalo actual está
dirigido solo al máximo tribunal; también es un mensaje directo a los jueces de instancias
inferiores. Irán por ellos con más saña que la que tienen contra los jueces más importantes
del país. La estrategia puede tener resultados adversos para el cristinismo porque muchos
jueces están dispuestos a abroquelarse para defender a la Corte Suprema. A Cristina la
aguarda la lectura de los fundamentos del fallo del tribunal oral que la condenó a seis años
de prisión por corrupción, prevista para el 9 de febrero. Ella detesta la sola idea de que
sigan argumentando en público por qué es corrupta. En la segunda quincena de febrero
podría conocerse también la decisión de la Cámara de Casación sobre el juicio a la familia
Kirchner por lavado de dinero en hoteles y edificios de su propiedad. En los tribunales es
habitual escuchar que esa eventual novedad volverá a enardecer a la vicepresidenta. Ella y
sus hijos podrían ser sometidos a otro juicio oral y público por corrupción.
El salvajismo llegó a tal punto que el diputado Rodolfo Tailhade, el más servidor entre los
servidores de Cristina, anunció públicamente que la Comisión de Juicio Político llevará por
la fuerza pública (esto es: la policía) al vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles.
Uno de los motivos del juicio político es una conversación, conocida por una pinchadura
ilegal de teléfonos, entre ese colaborador del juez Horacio Rosatti y el ministro de Justicia y
Seguridad de la Capital, Marcelo D’Alessandro. Ninguno de los dos, como es evidente,
integra la Corte Suprema, y el juicio político es a los miembros de la Corte. El juez
Sebastián Ramos ya archivó esa causa porque desestimó pruebas conseguidas por fuera de
la ley. La Comisión no tiene facultades para llevar por la fuerza a nadie. Pero podría pedir
que un juez federal autorice que la policía lo busque a Robles y lo arrastre ante esa pobre
parodia del Comité de Salvación Pública de la Revolución Francesa, que en su momento le
permitió a Robespierre mandar a la guillotina a todos sus enemigos. Hasta que su propia
cabeza cayó segada por la implacable máquina de matar. Todo depende de qué juez federal
resulte sorteado para hacerse cargo de los caprichos de Tailhade, Valdés y Leopoldo
Moreau, los servidores de Cristina que manejan la Comisión.
El seguidismo de Massa a semejantes tropelías es inexplicable. Sus decisiones tienen
efectos cada vez más breves desde que se activó el juicio político a la Corte. Ni siquiera
tuvo el resultado que buscaba la inservible compra de una insignificante porción de la
deuda pública. Massa quería contener el dólar, pero el precio del dólar siguió subiendo,
indiferente. Para peor, debió ordenar una investigación sobre las diez sociedades de bolsa
que compraron los bonos con anticipación. El problema no es quiénes compraron, sino
quién dio la información precisa en el momento oportuno. Esa información la tienen solo el
presidente de la Nación, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. La
información privilegiada en los Estados Unidos puede llevar a la cárcel a los que operaron
y a los que la dieron. De todos modos, la oposición ya adelantó que no ayudará a aprobar
ninguna ley en el Congreso mientras esté en trámite el juicio político a la Corte. Massa
tiene varios proyectos importantes en el Congreso, pero le interesa, sobre todo, uno: el
nuevo blanqueo de ahorros (en dólares, desde ya) no declarados por argentinos. El ministro
de Economía esperaba contar con esos dólares para llegar con cierta tranquilidad a
diciembre. No los tendrá, por ahora. ¿Por qué permite que sus legisladores se presten a su
propia incineración? Massa tiene otras prioridades. La primera de ellas es no romper con
Cristina a la espera de que esta apoye su candidatura presidencial, si finalmente se decide
por aspirar a la presidencia. Es difícil también que suceda ese respaldo. Cristina lo conoce a
Massa y presiente que no es Alberto Fernández. Si llegara a la presidencia, Massa se
ocuparía, antes que nada, de organizarle a Cristina Kirchner un sepelio y de llevarla hasta el
cementerio político. Ella lo sabe.
El manto de temor por los once meses que faltan cubre también a la oposición. Las últimas
encuestas señalan que los dos grandes bloques políticos (Frente de Todos y Juntos por el
Cambio) se han acercado mucho. Es cierto que, según una medición de Isonomía, el 40%
de los encuestados responde que no sabe, que no le importa o que no le gusta ningún
candidato. Los datos que se conocen refieren, así las cosas, solo al 60% que responde las
preguntas de los encuestadores. La interpretación de los analistas de opinión pública es que
la caída de Juntos por el Cambio se debe a las perpetuas peleas internas dentro de la
coalición opositora. La inmensa mayoría de las veces, los dirigentes opositores hablan o
actúan públicamente de acuerdo con sus propios ombligos. ¿Han perdido la brújula? ¿Creen
que una elección está ganada de antemano? ¿Saben, acaso, que la herencia será mucho peor
de lo que será si los once meses que faltan se hunden en el barranco del desvarío
gobernante?
