La relación de la CGT con el Gobierno está atravesada no solo por las negociaciones de los aumentos salariales atados a la escalada inflacionaria, sino también por la disputa de fondos de las obras sociales. Es una caja millonaria que maneja el Estado con escasos controles y, en ocasiones, según sus necesidades financieras y políticas.
La oficina pública encargada de administrarlo es la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que le transfiere a las obras sociales sindicales reintegros por las prestaciones médicas de alta complejidad, la compra de medicamentos costosos y el tratamiento de pacientes con discapacidad, así como numerosos subsidios para garantizar prestaciones básicas a sus afiliados.
Esos fondos sumaron en la gestión de Alberto Fernández, hasta septiembre último, $347.206 millones. La cifra equivale a USD 3.654 millones al promedio anual del dólar oficial, según un relevamiento realizado por la Unidad de Datos de Infobae en base al análisis de las transferencias a cada obra social informadas por la SSS en su sitio web. La suma equivale a 372 hospitales como el “Néstor Kirchner” en Gregorio de Laferrere, La Matanza. Presupuestado en $933,2 millones, fue varias veces anunciada su inauguración, pero aún no se concluyó.
Los recursos provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por un porcentaje -en promedio del 15%- del aporte que los trabajadores en relación de dependencia hacen a las obras sociales (el 3% del sueldo), y el que efectúan sus empleadores (5% del salario). Estos aportes en lugar de ir directamente a las obras sociales pasan por el Estado. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es la encargada de distribuir esos fondos para garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) a todos los afiliados del sistema, y compensar costos.
Estos fondos – retenidos por el Estado a las obras sociales para ser luego distribuidos con un criterio “solidario”- tienen impacto directo sobre el tratamiento médico de más de 20 millones de usuarios, y son el eje de una disputa política histórica entre los gremios y el Poder Ejecutivo, que suele utilizar las transferencias como parte de una negociación que excede los reclamos de los afiliados.
Desde los sindicatos reclaman que se trata de dinero de las obras sociales. “Hoy la CGT está en una situación de debate y estado de alerta en cuanto a la situación de las obras sociales. Es un tema que nos preocupa porque está en juego la salud de los trabajadores. Casi el 100% de estos fondos son aportes de trabajadores y empleadores. El Estado casi no pone dinero, hace transferencias en carácter extraordinario. Pero, toda la vida, las obras sociales fueron financiadas por los trabajadores y los empresarios. El día que se caigan las obras sociales, sólo tendrán acceso a la salud las personas que puedan pagarse un seguro privado”, aseguró el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingieri.
Fuentes sindicales consultadas por este medio reclaman que el Gobierno “pisa” los pagos y reintegros a las obras sociales, pese a las promesas de liberar los fondos para las prestaciones por discapacidad. Además de los tratamiento médicos, también implican la movilidad de los afiliados y el pago de módulos educativos, que se llevan casi un 70% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución. Desde la CGT denuncian que “el sistema de obras sociales está al borde de la quiebra”.
Afirman que, a poco de asumir, el ministro de Economía, Sergio Massa, le prometió a los dirigentes sindicales que les habilitaría recursos por $24.000 millones hasta fin de año para el FSR. Sin embargo, los desembolsos prometidos todavía no se concretaron. “Nos habían asegurado tres pagos de $8.000 millones de pesos, pero sólo aparecieron $4000 millones y recién la semana próxima entrarían otros $4000″, aseguraron.
