Serán estrépitos falsos –y lo son–, pero la vicepresidenta acaba de romper un estatuto implícito de la política desde 1983: los dirigentes podían disentir sobre las ideas y hasta sobre la ideología, pero nunca se acusaron de intentar asesinar al adversario. Cristina Kirchner acaba de acusar formalmente a dirigentes de Juntos por el Cambio (más precisamente a Patricia Bullrich, a través de la denuncia contra Gerardo Milman) de haber planificado el atentado contra ella que no sucedió. Esto es: acusó a la oposición de querer matarla. Más allá del despropósito, la exuberancia y la superchería que se esconden detrás de semejante acusación, lo cierto es que nada parecido había ocurrido en casi 40 años de democracia. Felipe González podrá seguir gastando tiempo y energías en hablarles a los argentinos de pactos y acuerdos, pero siempre serán solo ilusiones si se analiza bien el comportamiento de algunos dirigentes políticos argentinos. ¿Puede haber una mera conversación política en un país donde su vicepresidenta, y jefa política de la coalición peronista gobernante, está convencida (o parece) de que sus opositores planificaron su asesinato?
Al mismo tiempo, Cristina Kirchner se alzó contra la Corte Suprema de Justicia y desconoció en los hechos los resultados electorales del año pasado, cuando su coalición perdió por casi nueve puntos las elecciones de mitad de mandato. Han pasado tres días hábiles, desde el martes hasta el viernes últimos, y la vicepresidenta no acató la decisión de la Corte Suprema de Justicia, según la cual el representante de la segunda minoría del Senado ante el Consejo de la Magistratura debe ser el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez y no el senador kirchnerista Claudio Doñate. La designación de Doñate surgió de una maniobra típicamente cristinista: dividió artificialmente su bloque (que le responde con disciplina militar) para que sean tres los representantes de su facción en lugar de dos. El supuesto interbloque del oficialismo se quedaba así con tres de los cuatro representantes del Senado, y le dejaba solo uno a la oposición. El interbloque oficialista tiene 35 senadores; el interbloque de Juntos por el Cambio tiene 33. Correspondía que cada bloque tuviera dos representantes, pero la maniobra de Cristina (el “ardid” o el “hecho falso”, como la calificó la Corte) le manoteó un representante a la oposición. El máximo tribunal tuvo en cuenta la conformación de los bloques el 1º de diciembre de 2021, después de la derrota electoral del kirchnerismo. El desdoblamiento de la bancada oficialista ocurrió mucho después, cuando Cristina advirtió que le podía hurtar un representante a la oposición. La Corte decidió poner las cosas en su lugar, aun cuando sabía de antemano que las consecuencias serían la difamación, la descalificación y el insulto. El cristinismo no se priva de nada. “Estaríamos ante peores consecuencias si la Corte no decía nada y dejaba pasar semejante atropello a las instituciones”, dijeron cerca de los jueces supremos.
