En la interna del Gobierno y con la cúpula sindical se debate sobre la mejor forma de abordar la emergencia que genera la alta inflación
«Paritarias ya», es el reclamo que viene creciendo en los últimos días. Y, para incomodidad del Gobierno, entre quienes más fuerte están planteando la necesidad de una revisión urgente ante la pérdida de los salarios se destacan los empleados estatales.
Fue lo que ocurrió este lunes, con una manifestación de UPCN -el gremio de empleados públicos más cercano al Gobierno- en el centro porteño, y que ya había tenido varios antecedentes en el interior del país.
De hecho, los estatales temen ser la «variable de ajuste» desde antes de que asumiera Sergio Massa como «superministro» de Economía. Más concretamente, el temor es que cuando Kristalina Georgieva, la directora del FMI, hizo alusión a la necesidad de tomar «medidas dolorosas», eran ellos en quienes se pensara en primer lugar.
Ya un mes antes, con los primeros anuncios de Silvina Batakis, había quedado en claro que había llegado el momento de un ajuste fiscal, algo que despertó un debate interno en la propia coalición gubernamental.
Hasta el propio Massa, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, y Cristina Kirchner, como titular del Senado, habían sufrido la presión de los empleados, que publicaron afiches irónicos con la frase: «Tal vez necesiten una lapicera». Los empleados finalmente tuvieron un acuerdo por un ajuste anual de 69%, que en pocas semanas quedó desactualizado: las expectativas de los principales economistas, según la encuesta REM del Banco Central, es que el año termine con un 90,2% de inflación.
Pero la inquietud por el tema no se limita a los gremios estatales. Hasta los líderes de los movimientos piqueteros comparten la consigna, como quedó en claro el domingo en que, coincidiendo con el día de San Cayetano, se repitieron los pedidos por «pan y trabajo». Fue explícito al respecto Juan Carlos Alderete, que además de conducir el movimiento Corriente Clasista y Combativa es diputado por el Frente de Todos: «Paritarias libres, no montos fijos, como quieren dar», respondió cuando se le preguntó por las necesidades más urgentes.
Claro que también enumeró todos los otros reclamos que son factibles de ser resueltas por decreto: «Aumento urgente de jubilaciones y pensione, aumento del número de beneficiarios y monto de los Potenciar Trabajo, un ingreso básico de emergencia con contraprestación laboral».
Y, como nuevo elemento de presión que se agrega a los reclamos salariales, aparece ahora el «factor tarifas». Massa se preocupó de enviar un mensaje contundente al mercado, al estimar en $500.000 millones el ahorro fiscal generado por el recorte en los subsidios a los servicios públicos.
Es un número importante -un 0,7% del PBI-, sobre todo si se lo compara con el esquema que anteriormente estaba impulsando el kirchnerismo, y que suponía un ahorro fiscal por una cifra seis veces menor.
Pero, como era previsible, también se agudizaría el reclamo social. de «Otro tarifazo que va a generar más pobreza y usuarios que van a tener que elegir entre comer o pagar los servicios», fue la cruda definición de Carlos Minucci, directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía.
