Percepciones sesgadas y acusaciones de un atentado marcan el primer día de paro. La medida convocada por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo comenzó este lunes 8 y se extenderá por 24 horas más
Durante el primer día del paro de 48 horas que se vive en Santa Cruz en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023, las acusaciones de violencia de un lado y otro han abundado. Desde el Gobierno nacional y municipal (de un mismo bando) y desde la Gobernación y el Comité Cívico (desde otro bando) hay dos versiones, los primeros quieren imponer su criterio de fracaso y los segundos la del éxito en la protesta ciudadana. Ambas son las dos cara de la misma moneda.
Además de estas fuentes oficiales, está la realidad de la calle recogida por los periodistas y fotógrafos que salieron a conocerla de primera mano y contrastarla. ¿Qué encontraron? Calles y avenidas vacías, negocios (especialmente en las ciudadelas) que abrieron, pero con muy escasa clientela.
Oficinas del Estado como Segip, Impuestos y bancos también abrieron, pero con poco público al cual atender.
Dos ministros trabajaron desde Santa Cruz, el de Obras Públicas (Édgar Montaño) y el de Gobierno (Eduardo Del Castillo), se afanaron en minimizar el impacto del paro, en repetir en los medios estatales que este había sido un fracaso, mientras que desde el Comité pro Santa Cruz indicaron que precisamente, la presencia de ambos ministros era señal de la preocupación del Gobierno Nacional. El presidente cívico, Rómulo Calvo, lamentó que estos mismos ministros no hayan estado con tanta solicitud en Santa Cruz para levantar los bloqueos ejecutados la semana pasada por campesinos afines al Gobierno, que perjudicaron al departamento en pos de conseguir titulación directa de tierras en la región.
La violencia fue un ingrediente indeseable que estuvo presente y que ha marcado esta primera jornada. Hubo amagues de enfrentamientos y otros que llegaron a producirse. Los detenidos y las amenazas de uno y otro lado no faltaron.
El gobernador Luis Fernando Camacho posteó: «El paro convocado por las instituciones cruceñas se cumple masiva y pacíficamente en ciudades y provincias. Según han mostrado los medios, las agresiones contra la ciudadanía que respalda el paro las generaron vehículos de la Alcaldía y grupos de choque masistas».
Para él, ministros masistas y el alcalde Jhonny Fernández están siguiendo el mismo libreto, «trataron de calumniar y deslegitimizar el paro», pero «la institucionalidad cruceña, en la defensa de los valores democráticos y del censo, hoy enfrentó al poder represivo de la policía, a grupos de delincuentes contratados y a un alcalde traidor a su pueblo», remarcando que el paro es contundente.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas en conferencia de prensa dijo que Camacho está «desesperado». “Y por eso es que, desesperado, el gobernador de Santa Cruz mandó a estos matones a un domicilio del alcalde Jhonny Fernández”. Montaño pidió a la Fiscalía que actuara de oficio ante estos hechos. Sin embargo no mencionó qué elementos relacionan el supuesto atentado con el gobernador cruceño.
“No está bien que, en democracia, atenten contra las familias, las viviendas de los cruceños que no pensamos igual que el gobernador, menos aún que el Comité Cívico y todas sus hordas pagadas”, continuó Montaño.
También el presidente del Estado, Luis Arce, se refirió al ataque a la casa del alcalde cruceño, a través de sus redes sociales:
“Nuestra solidaridad con el alcalde de #SantaCruz, Jhonny Fernández, cuyo domicilio fue atacado por grupos extremistas violentos que pusieron en riesgo la integridad de su familia. Condenamos la violencia que promueven sectores de la derecha radical, que buscan sembrar temor en el pueblo cruceño, que no está de acuerdo con los paros que lastiman nuestra economía”, publicó Arce.
Más temprano, Fernández había llamado a una conferencia de prensa para denunciar el “ataque vandálico” sufrido en su domicilio, con “petardos de alta potencia”, según dijo, «mandados por el gobernador Luis Fernando Camacho».
El alcalde indicó que en el lugar viven, además, su hija que se encuentra embarazada, y dos nietas suyas, una de 10 meses edad y la otra de nueve años. “Si algo le pasa (a su hija gestante) … Luis Fernando, vas a ser culpable de lo que esté pasando”, dijo a tiempo de anunciar que sentaría la denuncia ante la Felcc.
