Se llamaba Clarisa Pereira. Tenía dos años y el 29 de junio pasado murió por las consecuencias que un cuadro severo de desnutrición desencadenó en su cuerpo. Era wichi y vivía en La Quebradita, una comunidad salteña en la que residen aproximadamente 15 familias, ubicada sobre la ruta nacional 34, a pocos metros del pueblo de General Mosconi, departamento de San Martín. Su historia recién se conoció esta semana.
Hacía unos días, Clarisa había estado internada en el hospital de Mosconi, donde la familia asegura que fueron maltratados por el personal. Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud de Salta informaron a LA NACION que el 7 de junio los padres “la fugan” del hospital. El medio Salta12 pudo reconstruir que la mamá de Clarisa tenía miedo: no lograba comunicarse con los profesionales porque no hablaban su idioma (el wichi) y el centro no cuenta con traductor, no comprendía los procedimientos médicos que iban a hacerle la niña; y que cuando la policía fue a buscarla a su comunidad para llevarla nuevamente al hospital, huyó con su hija a una comunidad cercana, donde finalmente falleció.
La historia de Clarisa, que está siendo investigada por la justicia, es una de las tantas que exponen una realidad dolorosa que muchas veces permanece invisibilizada: en la Argentina hay niñas y niños que continúan muriendo de hambre; y, por distintos motivos, al sistema se les escurren entre las manos.
Según las estadísticas oficiales de Salta, desde el 1 de enero al 31 de marzo de este año, en esa provincia fallecieron 79 chicos de menos de cinco años, 44 de ellos vivían en la región del norte, la más crítica. Las causas de muerte más frecuentes que aparecen en los informes son gastroenteritis, deshidratación e infecciones respiratorias. Para las organizaciones sociales que trabajan en el territorio, eso se traduce en hambre, falta de acceso al agua y otras problemáticas asociadas a las condiciones de extrema pobreza y vulneración de derechos en las que viven.
Detrás de los números fríos, están las Clarisas y los nombres de tantos otros chicos y chicas que no llegan a los medios de comunicación.
Los especialistas coinciden en que para entender la problemática hay que poner el foco en una multiplicidad de variables que se entrecruzan: desde un sistema de salud que califican como “expulsivo” para las comunidades originarias, porque ejercen “una discriminación sistemática” y en la mayoría de los casos no cuenta con traductores para pacientes que apenas hablan español; hasta la dificultad que representa para las familias trasladarse lejos de sus centros de vida, sin redes de contención ni medios que les permitan sostener una estadía mientras sus pequeños están internados.
En conversación con el medio Salta12, Felipe Juárez, el padre de Clarisa (como muchas niñas y niños de las comunidades wichis, llevaba el apellido materno), contó que desde hacía un tiempo estaban en contacto con el sistema de salud por la situación de su hija. “Ellos la internaron antes y le dieron el alta diciendo que estaba bien y a las dos semanas la vuelven a internar”, sostuvo. Además, aseguró que la madre de la niña se fue con su hija del hospital de Mosconi al “ver cómo trataban mal y retaban a los chicos”, y tras discutir con una enfermera.
Si bien la mujer volvió a su vivienda en la comunidad, cuando vio que llegaba la policía se asustó y buscó esconderse y huir con la niña. Fue así que llegó hasta la comunidad donde Clarisa falleció.
Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia aseguraron a LA NACION que la niña “recibió atención mensual de agentes sanitarios del área operativa Mosconi” y que la familia “era reticente a la atención sanitaria”. En esa línea, sumaron que “al tratarse de una niña con bajo peso, que frecuentemente presentaba infecciones respiratorias, diarrea y, en ocasiones, vómitos, se planificó la atención en el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del hospital Juan Domingo Perón. El 7 de junio, fue internada en el hospital de General Mosconi para ser próximamente derivada al CRN, pero sus padres la fugan”.
Indicaron, además, que “el equipo de salud salió a la búsqueda de la niña por distintas misiones, no logrando encontrarla. Posteriormente, desde el hospital de Mosconi, realizaron la correspondiente denuncia policial haciendo constar que, en varias ocasiones, los padres imposibilitaron que los agentes accedan a brindarle atención sanitaria”. Finalmente, el 29 de junio el equipo sanitario “fue alertado por una pariente de la niña” acerca de que “estaba ya sin signos vitales en misión El Corralito”.
“Viven en una casita de madera y plástico, sin agua”
Marta Garay es directora del centro que la asociación civil Pata Pila (que desde hace siete años trabaja junto a comunidades originarias de Salta para abordar la problemática de la desnutrición infantil) tiene en Yacuy. Hace un año comenzaron a trabajar en La Quebradita, pero no tenían contacto con la familia de Clarisa. Esta mañana, Garay fue a conocerlos. Tras la visita, contó a LA NACION que Norma Pereira, la madre de la niña, está embarazada y tiene otros cinco pequeños de entre 5 y 13 años.
