Quedan tres instancias de apelación. Hay presión de la ONU, la Unión Europea, EEUU y el Reino Unido para cambiar la decisión
Expertos, abogados y representantes de organismos internacionales coinciden en que la condena que recibió Jeanine Áñez a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes surgió de un juicio ordinario en el que se incumplió el debido proceso. Aseguran que la decisión es reversible, porque ella estaba protegida como expresidenta, pero también gozaba de inmunidad como exsenadora.
La condena tiene dos elementos fundamentales: Primero, que incumplió sus deberes como senadora, porque Áñez no se encontraba en la línea de sucesión constitucional, debido a que la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra, y la segunda vicepresidenta de Diputados, Susana Rivero, ambas del oficialista MAS, no renunciaron formalmente a sus cargos, aunque sí lo hicieron a través de los medios de comunicación.
Según las versiones, descartaron asumir la Presidencia, en lugar del renunciante Evo Morales, porque temían por su seguridad, como lo expresaron durante las reuniones sostenidas los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en los predios de la Universidad Católica Boliviana.
Evo Morales renunció al cargo el 10 de noviembre de 2019, durante una conferencia de prensa que ofreció desde el trópico de Cochabamba, acompañado por el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, y de la ministra de Salud, Gabriela Montaño. En la ocasión, el segundo mandatario también presentó su dimisión. Fueron acusados de incurrir en un fraude electoral en los comicios generales de 2019, hecho que marcó el inicio de las protestas sociales en el país.
El resumen de los encuentros celebrados en la Universidad Católica para buscar la pacificación del país, que se encontraba convulsionado después de dos días de la renuncia de Morales, de García Linera y de los legisladores del MAS de la sucesión parlamentaria, fue publicado por la Iglesia católica en unas memorias que no fueron tomadas en cuenta por el juzgado primero de sentencia, como prueba de defensa.
En el segundo elemento fundamental de la condena se menciona que Áñez emitió resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes al “ordenar” la salida a las calles de las Fuerzas Armadas el lunes 11 de noviembre por la noche, y apoyar en una labor de patrullaje a la Policía, que fue rebasada en La Paz por grupos vandálicos. En la sede de Gobierno fueron incendiados decenas de buses de transporte público, además de la casa del exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema. Las fuerzas del orden detectaron la presencia de francotiradores y de grupos armados en la zona del altiplano.
