El proyecto de ley que establece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 742.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año se dabatió y obtuvo dictamen esta tarde en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.
El encuentro comenzó ayer pasadas las 14 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y la encargada de avanzar fue la senadora Juliana Di Tullio, quien señaló que luego de tres semanas de trabajo ya no hay observaciones al proyecto: “Creo que todos tenemos posiciones tomadas”, sostuvo.
“Hemos analizado que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas en condiciones de jubilarse que tengan acceso a este derecho previsional”, explicó Di Tullio.
Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto junto a Mariano Recalde, señaló que cuando presentaron el proyecto se comprometimos “a tratarlo con celeridad porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria y desde 2015 la línea de personas en condiciones de jubilarse viene bajando”.
Por su parte, Recalde explicó los detalles de la iniciativa: “La propuesta es sancionar una ley mejorada que resuelva la situación de las personas que cumplen la edad jubilatoria y no tienen los años de aportes necesarios, creando un plan de pago de la deuda que tienen en cuanto a sus aportes”.
“El costo fiscal de la medida sería en el primer año, para un universo de 800.000 personas, del 0,02%; y el año que viene del 0,03 por ciento. Es un costo fiscal muy bajo, afrontable para las cuentas lamentables de nuestro país que estamos tratando de ordenar. En esta cultura de los aportes que debemos ir recuperando es consecuencia de un fracaso de la política de fiscalización del Ministerio de Trabajo de que no haya aportes. Tienen que ser fiscalizados por el Ministerio de Trabajo y cuando hay deuda previsional a las empresas aún existentes les prescribe la deuda que tiene”, explicó Di Tullio.
La senadora dijo que están “abiertas a modificaciones” y si hay más consultas “estamos abiertos a todas las dudas”, pero que entendía que no había más preguntas ni consultas y que su intención es “que el proyecto llegue dentro de los 7 días del dictamen al recinto”.
En la oposición no están de acuerdo con la norma y así lo hizo saber la senadora Guadalupe Tagliaferri, quien marcó la postura de Juntos por el Cambio: “Pedimos que esté en el plenario del Presupuesto, no sabemos si esto complica o no las metas del acuerdo que tiene Guzmán con el FMI, las estimaciones del costo fueron hechas por los asesores de los senadores y no son números del Ministerio de Economía”.
