El gobierno de Macri había acordado 9 meses antes un programa con el FMI y estaba a 5 meses de las PASO. El de Alberto Fernández se apresta a iniciar un nuevo acuerdo, a 16 meses de la próxima cita electoral
Los guarismos son iguales, pero el momento, los protagonistas, las herramientas económicas, la evaluación de los tiempos y las perspectivas políticas son diferentes.
En marzo de 2019, a 5 meses de las PASO que sellarían su suerte electoral, el gobierno de Mauricio Macri chocó con una inflación del 4,7%, la misma cifra con la que la gestión de Alberto Fernández tropezó en febrero pasado. Un 4,7% de inflación mensual implica una inflación anualizada superior al 73% e hizo sonar alarmas tanto entonces como ahora.
“Habiendo empezado a estabilizar la cuestión cambiaria, llegó el momento de traer alivio a los argentinos, que tanto esfuerzo hicieron en estos meses difíciles para todos”, decía el documento con las medidas que anunciaron el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el de Producción, Dante Sica, y la de Desarrollo Social, Carolina Stanley el 17 de abril de 2019, días después de conocida la inflación de marzo.
Después del acuerdo inicial con el FMI, en agosto de 2018 el dólar había tenido una segunda estampida (de $ 32 a 40), que llevó la inflación de ese mes a un pico del 6,6 por ciento. El gobierno reaccionó anunciando el aumento del crédito, antes de que el FMI lo aprobara, de 50.000 a 57.000 millones de dólares. La inflación bajó lentamente, hasta 2,8% en diciembre, en medio de un durísimo apretón monetario que llevó las tasas de interés a niveles del 70 por ciento.
Con el nuevo año, la inflación volvió a aumentar. El 5 de abril, días antes de conocerse el guarismo de marzo, el FMI había aprobado el tercer tramo del crédito, de USD 10.800 millones, llevando el total desembolsado a USD 38.900 millones. Pero el 4,7% forzó al gobierno a reaccionar con anuncios, que definió como “alivio”.
Los más importantes fueron que no habría más ajustes tarifarios y un acuerdo “voluntario” con 16 empresas de consumo masivo para congelar durante 6 meses los precios de 60 productos de la canasta básica. La lista incluía aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas, cuyas marcas tiempo después Cristina Kirchner (que en mayo anunció por Twitter la fórmula Fernández-Fernández) bautizaría como “pindonga y cuchuflito”.
Las empresas se comprometieron a asegurar la disponibilidad de los productos en 2.500 puntos de venta y centenares de funcionarios recibieron scanners de control del listado de precios, que se difundió el 22 de abril. Los frigoríficos exportadores acordaron vender 120 toneladas semanales de asado, vacío y matambre a $ 149 el kilo (contra un consumo mensual de 70.000 toneladas) y por decreto se publicaron medidas para “evitar abusos de posición dominante” y sancionar “conductas desleales o anticompetitivas”.
“Aquel 4,7% fue un dato fuera de tendencia, ahora hay una aceleración inflacionaria”, dijo un exfuncionario macrista, quien recordó que en el guarismo de marzo de 2019 influyó cierto “apresuramiento” del Banco Central para bajar las tasas de interés, lo que “movió” el dólar e impactó en los precios “transables”, que sumados a los estacionales (canasta escolar, textiles) resultaron en un salto tan fuerte del índice general.
Ahora, en cambio, prosiguió, las políticas monetaria y fiscal siguen siendo expansivas, el déficit cuasifiscal es muy grande y el gobierno se comprometió a mantener el valor real del dólar (esto es, que no se retrase respecto de la inflación) y acumular reservas. “Es una fórmula inestable”, sentenció. “Si en 2021 el gobierno tuvo 51% de inflación pisando el dólar y las tarifas, y ahora tiene que indexar el dólar y adelantar las tarifas, el programa no tiene ancla, porque la política fiscal es muy blanda y las tasas de interés reales siguen siendo negativas; no veo chances de una inflación por debajo del 65 a 70% anual”, dijo.
