La Fiscalía de Bolivia imputó este miércoles a los exmiembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de 2019 por el golpe de Estado perpetrado ese año en el país, basándose en que sin su «participación y cooperación» no se podría haber llevado a cabo la «ilegal concreción de la investidura» de Jeanine Áñez.
En paralelo, el gobierno y representantes de las víctimas de masacres ocurridas en 2019 acordaron acelerar los juicios a Áñez y miembros de su administración, incluidos exjefes militares y policiales.
«La principal demanda es que se debe hacer justicia ya a los responsables de las masacres y otras terribles violaciones de derechos humanos, y como Gobierno nacional estamos en el camino de la justicia por esas masacres», aseguró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, según la agencia de noticias Sputnik.
Asimismo, el Gobierno aceptó aprobar un plan integral de reparación de daños a las víctimas, cuyos detalles serán definidos en un nuevo encuentro pactado para dentro de dos semanas.
Áñez es señalada como principal responsable de la muerte de una treintena de civiles que protestaban contra el golpe de Estado que la llevó al poder en noviembre de 2019 y que fueron reprimidos por policías y militares.
Más temprano, la Fiscalía señaló que los imputados «no permitieron la continuidad legítima» del titular de la Presidencia del país, que debería haber sido Evo Morales como vencedor de las elecciones de aquel momento, por lo que perpetraron «hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular», recoge el portal de noticias boliviano Erbol.
El Ministerio Fiscal apunta que los mandos militares violentaron la «legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional» todo ello «conjuntamente» con Áñez, que precisó de la colaboración militar para concretar «el hecho antijurídico» de su investidura.
