«Para nosotros, los latinos, llegar a Chile es como cumplir el sueño americano, y yo salí de Venezuela con una maleta cargada de sueños. Si me deportan ahora, sería como volver al pasado completamente derrotada».
Daniela vive en el norte de Chile hace casi un año. Ingresó al país trasandino por un paso irregular, en la frontera con Perú, luego de caminar tres días por el desierto, consumiendo solo agua y pan.
Al llegar a la ciudad de Arica, continuó su viaje de más de 700 kilómetros arriba de una mula para arribar a su destino final: la pequeña localidad El Loa, ubicada en la región de Antofagasta.
Iba en búsqueda de oportunidades y las encontró: consiguió un trabajo como tapicera y, con el dinero que logra reunir mantiene a sus dos hijos —de 6 y 9 años— que permanecen en Venezuela al cuidado de su madre.
Pero el 28 de abril recién pasado, su plan se truncó luego de que recibió una orden de expulsión. Ahora, afirma, vive asustada.
«No he conseguido ayuda, ningún abogado me da respuestas. Y en cualquier momento me pueden tomar detenida y expulsar», dice. «Es muy triste y doloroso estar en esta situación. Yo soy el sustento de mi familia y quiero traerlos a todos para acá porque es la única posibilidad de darles un mejor futuro a mis hijos, que tengan educación y libertad de expresión; lo que está pasando en mi país es una locura», añade.
Hay miles de migrantes en Chile que están enfrentando una situación similar a la de Daniela.
La nueva ley de migraciones que comenzó a regir el 20 de abril solo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno de Sebastián Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia de coronavirus. En cambio, quienes entraron de manera clandestina por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción.
«No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes», dijo el presidente Piñera, al promulgar la ley.
