Es improbable que Rusia construya su propia versión del Gran Cortafuegos de China para controlar internet. Las razones son sociales —los rusos son fanáticos de las redes sociales y los pondría furiosos perderlas— y también técnicas —en China, internet evolucionó de manera diferente y es más fácil de acordonar—.
Pero ante el creciente descontento social de los rusos por casi todo, desde el precio de los alimentos hasta la represión política, el Kremlin está decidido a aplastar el disenso en las redes.
¿Puede hacerlo? ¿Esta vez Rusia piensa realmente ponerle riendas a internet?
Así parece, a juzgar por el drástico giro discursivo del gobierno. Todos, desde Vladimir Putin hasta el director del Comité de Investigaciones (el FBI ruso) han endurecido su reclamo de imponer controles más estrictos en el ciberespacio y en las redes sociales extranjeras que operan en Rusia.
El miércoles, la agencia de gobierno Roskomnadzor, a cargo de cumplimiento de las regulaciones y la censura de internet, ordenó disminuir la velocidad de Twitter, acusando a la empresa de no eliminar contenidos prohibidos. El Kremlin justificó la medida en supuestos posteos que alentaban a la gente a sumarse a las protestas contra el gobierno, y otros haciendo apología del suicidio.
“En internet se creen Rambo, alientan a un niño a una niña a saltar por la ventana, pero cuando la policía encuentra a estos engendros, se hacen encima”, dijo Putin el 4 de marzo.
Margaret Simoyan, editora en jefe del órgano de difusión del Kremlin, la cadena RT, reclamó recientemente que Rusia prohíba las redes sociales extranjeras, después de que Instagram borrara uno de sus posteos. Irónicamente, difundió su reclamo por Twitter.
¿Por qué justo ahora?
Es un momento delicado. El gobierno ruso enfrenta elecciones parlamentarias, a realizarse en septiembre, las primeras desde que Putin se las ingeniara para introducir cambios que potencialmente le permitirían quedarse en el poder hasta 2036.
El gobierno de Putin también enfrenta nuevas sanciones económicas por las acusaciones de Occidente de haber usado un agente nervioso prohibido en el intento de envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. Su encarcelamiento en enero, cuando volvió a suelo ruso, desencadenó una ola de protestas masivas en más de 100 ciudades a lo largo y a lo ancho del país.
Navalny y su equipo se sirven de las redes sociales como herramienta de oposición al gobierno de Putin, para exponer la escandalosa corrupción y organizar manifestaciones de protesta. El video que postearon en YouTube, “El Palacio de Putin: historia del mayor soborno del mundo”, sobre un colosal palacio a las orillas del Mar Negro que según Navalny fue construido para Putin, fue visto más de 114 millones de veces. Otro video, sobre el expresidente Dimitri Medvedev, tuvo casi 43 millones de visualizaciones.
El subdirector de la Roskomnadzor, Vadim Subbotin, recalcó el jueves que la decisión de reducir la velocidad de Twitter no tiene nada que ver con las protestas opositoras.
¿Cuánto control ejerce Rusia sobre las redes?
El grupo de investigación Freedom House, con sede en Washington, dice que en Rusia internet “no es libre” y en términos de libertad digital la clasifica en el puesto 51 entre 65 países analizados.
En Rusia, internet funcionó con relativa libertad hasta 2012, cuando el gobierno introdujo una ley que le permitía cerrar sitios web, después de la organización de masivas protestas a través de las redes. En 2019, el gobierno aprobó una ley de “soberanía de internet” pensada específicamente como un interruptor de internet para prohibir tal o cual contenido. La ley obliga a los proveedores de internet a instalar dispositivos de monitoreo de los contenidos en tiempo real.
A principios de este mes, la agencia presentó cargos contra Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok y los sitios rusos VKontakte y Odnoklassniki por no eliminar contenidos que supuestamente alentaban a los niños a participar en acciones de protesta, o incitándolos al suicidio. VKontakte recibió una multa de 1,5 millones de rublos, unos 20.000 dólares. Hasta el momento, no ha habido anuncios públicos de alguna nueva medida contra las demás empresas.
