El decreto, entre otros aspectos, otorga una amnistía genérica o indulto a personas que fueron procesadas durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez por delitos que tengan «relación directa» con la «crisis política» desatada tras las elecciones de 2019, según el texto.
El partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la mayoría de la Asamblea Legislativa de la nación andina y líderes de la agrupación política han indicado que la medida se aplicará a sus partidarios.
Por ejemplo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, uno de los líderes del MAS, aseguró tras la aprobación del decreto que se aplicará a sus «hermanos» y «compañeros» que se opusieron al gobierno de la exmandataria.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha reconocido que «existen pruebas contundentes que indican que el gobierno de Áñez persiguió a partidarios del MAS en casos que obedecían a motivaciones políticas».
Sin embargo, según ha alertado, «otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio de igualdad ante la ley».
HRW ha aseverado que «la ambigüedad del lenguaje del decreto permite una interpretación excesivamente amplia de los casos en los que se puede aplicar la amnistía o el indulto», lo que «resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo».
