El nefasto mecanismo que caracteriza al reparto de casi la mitad de los impuestos que cobra la Nación terminó con el federalismo y le dio rienda suelta al populismo, haciendo que unos pocos paguen el clientelismo político que construyen gobernadores y partidos políticos provinciales.
Lo que se ha logrado con el Régimen de Coparticipación Federal es separar el costo político que tienen los gobernadores de recaudar, del beneficio político de gastar.
El gráfico muestra qué porcentaje del total representan los recursos tributarios que recauda cada provincia y CABA respecto al total que administran, que incluye las transferencias automáticas del gobierno central.
Ese ejercicio permite ver con claridad como la provincia de Formosa recauda por la vía de impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Rural, etc.) apenas el 6,5% del total de recursos impositivos que le ingresan a sus arcas. El 93,5% restante proviene de la Nación, en concepto de distribución del cobro en la totalidad de las jurisdicciones de IVA, Ganancias, Internos Unificados, principalmente.
La provincia de Formosa recauda por la vía de impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Rural, etc.) apenas el 6,5% del total de recursos impositivos que le ingresan a sus arcas
Es decir, el gobernador Gildo Insfrán está en el mejor de los mundos porque gasta lo que no genera en su territorio con su esfuerzo y no tiene que enfrentar el costo político de recaudar impuestos. De ese modo, es uno de los casos que se beneficia políticamente.
Pero no es solo Formosa, provincias como La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco, también recaudan una mínima parte de impuestos provinciales y viven de la coparticipación. Son estados que podrían ser pujantes, con los enormes recursos naturales inexplotados. La Rioja y Catamarca podrían, perfectamente, tener un fuerte impulso por la minería. Chaco tiene tierras para producir todo tipo de cultivos, al igual que Formosa, incluso con la ganadería. Sin embargo, los gobernadores prefieren anular esas actividades, vivir de las transferencias automáticas que diariamente les gira la Nación, a través de las proporciones definidas en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y crear mucho empleo público, además de distribuir los planes sociales con recursos que también reciben de la Nación.
El siguiente gráfico muestra la relación entre empleados públicos provinciales y empleados asalariados en el sector privado registrado. Como puede verse, en 6 Estados representan la mayor parte.
El dato corresponde a 2017, que es la última información disponible en el Ministerio de Economía, pero a juzgar por la evolución agregada de los asalariados registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentina, esas relaciones se fueron incrementando, en detrimento de las empresas y empleadores que son los mayores generadores de riqueza en todo el país.
En Formosa, la estadística revela que hay 1,44 empleados públicos por cada empleado en el sector privado; Catamarca 1,32, les siguen en el ranking La Rioja, Santiago del Estero, Chaco y Jujuy con proporciones superiores a la unidad.
El resto de las jurisdicciones tienen relaciones muy altas de empleados públicos respecto a los empleados del sector privado, con las excepciones de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; lo que muestra que el empleo en el sector público es una fuente de clientelismo político y una manera de disfrazar la desocupación real en la Argentina.
Cuánto más empleo público hay, menos desocupados aparecen, aunque buena parte de esa nómina no genere riqueza, porque no presta servicios eficientes al resto de la sociedad. Simples ñoquis que entraron a la órbita estatal de la mano de la dirigencia política de turno para entorpecer a los que producen.
En 1988 había 1.270.986 empleados públicos provinciales y, en 2019, había trepado a 2.379.451, aumentó 87% en poco más de tres décadas, a un ritmo equivalente de 2%, el doble que la tasa de crecimiento de la población en general, sin que se observe mejor educación pública, salud o seguridad.
Creciente asistencialismo con recursos ajenos
En 2008 había, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre jubilaciones, pensiones y ayudas sociales, 12,7 millones de beneficiarios y en 2019 habían trepado a 21,3 millones, de los cuales, inicialmente 6,7 millones correspondían a perceptores de planes sociales y 11 años después se habían incrementado a 12,8 millones de personas.
Pese a semejantes aumentos del empleo público y de los planes asistenciales oficiales, el país registra cada vez mayor número de pobres, y es la causa misma de la decadencia.
Justamente, en los casos de Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, etc. se ve que, a pesar de tener más empleo público que privado y financiarse con coparticipación federal, son provincias que ostentan las mayores tasas de pobreza de la Argentina.
Los últimos datos del Indec revelaron que Formosa tiene una pobreza del 42,4% de la población, Gran Resistencia 48,7%, La Banda, en Santiago del Estero 43%. En síntesis, el NOA y el NEA son las jurisdicciones que más empleo público tienen, dependen casi exclusivamente de la Coparticipación Federal de Impuestos, y tienen las tasas de pobreza más altas del país.
Además, en el NOA el 37% de la población recibe la Asignación Universal por Hijo y en el NEA el 43%, solo por citar uno de los tantos planes sociales vigentes.
