«Para la redistribución de la riqueza en Bolivia promulgamos la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, que se aplicará a quienes poseen un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos. El impuesto alcanzará apenas a 152 personas. El beneficio llegará a miles de familias bolivianas». De esta manera comunicaba Luis Arce, presidente de Bolivia, la promulgación de la norma que había votado una semana antes el Congreso. El impuesto será anual y permanente para residentes en Bolivia, incluso extranjeros, con bienes, depósitos y valores que tengan en el país y en el exterior superiores a los 4,3 millones de dólares al 31 de diciembre del 2020.
La norma fija un tributo variable con alícuotas inferiores a las aplicadas en el aporte por única vez que deberán realizar los millonarios en Argentina (de entre 2 y 3,5 por ciento dependiendo el patrimonio). El Estado boliviano cobrará 1,4 por ciento para personas con riquezas de entre 30 y 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares), 1,9 por ciento a aquellos que posean un patrimonio de entre 40 y 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4 por ciento para fortunas mayores. Apunta a constituir un sistema de impuestos progresivo en el que «los que tienen más tributan más y los que tienen menos tributan menos», explicó Arce.
Uno de los puntos que el Ejecutivo tomó de los futuros millonarios tributados fue respetar que el mismo sea de carácter confidencial. El Ministerio de Economía de Bolivia calculó que se recaudarán alrededor de 110 millones de bolivianos, más de 14,5 millones de dólares.
Durante la misma jornada, Arce promulgó también la Ley del Presupuesto General del Estado 2021, que proyecta un crecimiento de la economía de 4,8 por ciento, y el Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA, una ley que dispone la devolución del 5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los contribuyentes que perciban un salario menor a los 1.293 dólares mensuales. Durante el acto en el que comunicó las firmas, señaló que las tres leyes tienen el objetivo de «consolidar nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, por una parte; y contribuir al desmontaje del modelo neoliberal que se intentó durante once meses en nuestro país».
El proyecto impulsado por el flamante presidente forma parte de una de sus promesas electorales más inmediatas: entregar una ayuda estatal a más de un tercio de la población (el Bono contra el Hambre), implantar un impuesto a las grandes fortunas y comenzar la investigación y sanción de los supuestos delitos represivos del gobierno interino de Jeanine Áñez.
De esta manera, Bolivia se convierte en el segundo país de América latina (después de Argentina) en sancionar este aporte. Dentro de las propuestas extraordinarias que están en discusión se destacan las de Brasil, Perú, Chile y Ecuador. En Brasil hay cuatro proyectos presentados en el Senado; uno de la oposición plantea tributar con una alícuota de 2,5 por ciento a patrimonios por encima de los 50 millones de reales.
