La resolución obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, en medio de las gestiones diplomáticas de la administración de Donald Trump para modificar la posición de distintos gobiernos.
La votación, realizada el miércoles 28 de octubre, marcó el trigésimo cuarto año consecutivo en que el organismo internacional reclama el levantamiento de las restricciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Washington a la isla. Sin embargo, el resultado mostró un cambio respecto de 2025, cuando la propuesta había recibido 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones.
Aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, representa una expresión de la posición mayoritaria de los Estados miembros sobre una de las disputas más prolongadas de la política internacional.
Menos apoyo internacional a la iniciativa cubana
Uno de los aspectos más destacados de la votación fue la decisión de varios países que históricamente habían respaldado el reclamo de Cuba de abstenerse o votar en contra.
Alemania, Italia y Letonia estuvieron entre los países occidentales que se abstuvieron por primera vez en 34 años. En tanto, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y otros Estados se pronunciaron en contra de la resolución, en varios casos modificando su postura respecto del año anterior.
El resultado se produjo después de una campaña diplomática de Washington para convencer a los gobiernos de rechazar la iniciativa o abstenerse. La administración Trump sostiene que las restricciones forman parte de su estrategia para presionar al Gobierno cubano y promover cambios en su sistema político.
La caída de los votos favorables no impidió que la resolución fuera aprobada con una mayoría amplia, aunque dejó en evidencia una mayor división internacional sobre la política estadounidense hacia la isla.
El enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba en Naciones Unidas
El debate estuvo acompañado por un fuerte cruce entre el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Durante una intervención, Waltz cuestionó al Gobierno cubano y pidió a los países miembros que rechazaran la resolución. Rodríguez respondió con acusaciones contra Washington por las consecuencias económicas de las sanciones y denunció las presiones ejercidas sobre otras delegaciones.
El intercambio subió de tono cuando el canciller cubano se acercó al podio mientras Waltz hablaba. El diplomático estadounidense le exigió que se apartara, en una escena que rompió con las formas habituales de las discusiones diplomáticas en el organismo internacional.
Posteriormente, Rodríguez acusó al Gobierno estadounidense de intentar justificar su política económica mediante presiones y declaraciones que consideró falsas. Washington, por su parte, defendió las restricciones y responsabilizó a las autoridades cubanas por buena parte de las dificultades que atraviesa el país.
La crisis económica cubana, en el centro de la disputa
La votación se desarrolló en un momento especialmente complejo para Cuba, que enfrenta escasez de combustible, apagones prolongados, dificultades financieras y problemas en el abastecimiento de bienes esenciales.
La política de Washington se endureció durante el gobierno de Trump, que impulsó medidas destinadas a dificultar el suministro de petróleo a la isla, incluidas amenazas de aranceles contra países que le vendan o proporcionen combustible.
Estas restricciones agravaron las dificultades energéticas cubanas y afectaron servicios básicos, como el abastecimiento de agua y las comunicaciones. El Gobierno de La Habana sostiene que el embargo constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país y denuncia sus consecuencias sobre la población.
Estados Unidos, en cambio, argumenta que las medidas buscan presionar al Gobierno cubano por su sistema político y sus antecedentes en materia de derechos humanos.
La crisis también tiene causas internas, entre ellas problemas estructurales de la economía, dificultades productivas y decisiones de política económica adoptadas por las autoridades de la isla.
Una resolución sin capacidad para obligar a Washington
Pese al nuevo pronunciamiento de la Asamblea General, el resultado no obliga legalmente a Estados Unidos a levantar el embargo. La resolución tiene un peso principalmente político y diplomático, mientras que la eliminación de buena parte de las restricciones depende de decisiones de las autoridades estadounidenses y del marco legal vigente.
El embargo comenzó a principios de la década de 1960, tras la revolución encabezada por Fidel Castro y las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre Washington y La Habana.
La votación de octubre de 2026 volvió a dejar en evidencia esa disputa: Cuba consiguió nuevamente una mayoría favorable en Naciones Unidas, pero con un respaldo considerablemente menor al del año anterior. Al mismo tiempo, la posición de varios gobiernos mostró que la presión diplomática estadounidense comenzó a reflejarse en el comportamiento de parte de la comunidad internacional.