También propuso una mesa regional para coordinar acciones.
El intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, cuestionó las restricciones dispuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la salida de mercadería por los pasos fronterizos y advirtió sobre las consecuencias para las economías regionales. El jefe comunal confirmó que se presentó un amparo colectivo junto con una medida de no innovar ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo del juez Hansen. “Defender el territorio que existe” y “defender la condición de vida de quienes habitan en la frontera” son, sostuvo, los objetivos centrales de la presentación judicial.
Velázquez indicó que “esta resolución no se entiende y no tiene ni pie ni cabeza”, sobre la normativa que limita la salida de mercadería hacia países vecinos. “Cuando se debilita la economía popular de la frontera, el daño se extiende a toda la comunidad”, advirtió. Para el intendente, el impacto no se limita a los comerciantes, porque “las poblaciones de frontera, más allá de las actividades de trabajar en el sector público, se dedican a la actividad del comercio. Todos tienen una actividad de una u otra manera de sustento”.
Velázquez también cuestionó los tiempos de implementación de la medida: “Una resolución muy trasnochada que sale un viernes 9 de octubre, días antes de un feriado largo, condicionando inmediatamente que el día sábado 10 ya se empezó a aplicar”. Sobre las consecuencias, sostuvo que estas disposiciones “vienen a quebrantar todo lo construido” y alertó sobre el futuro de la región: “¿Qué va a pasar con el desarrollo de la Puna? Todos viven de esto”.
Tras las gestiones iniciadas con el Gobierno provincial, el jefe comunal anticipó que propondrá una mesa de trabajo que incluya a otras jurisdicciones. “No solamente tiene que ser mesa territorial, también tiene que ser mesa regional”, afirmó. Además, señaló que el problema alcanza a otras provincias: “No solamente ataca a la provincia de Jujuy y Salta, también a Misiones”. Según indicó, ya existen conversaciones a nivel nacional para coordinar una respuesta entre los distritos fronterizos afectados.
“Defender el trabajo en la frontera es defender a la Argentina”, remarcó Velázquez, quien recordó que en 2015 se logró frenar una medida similar mediante gestiones en Buenos Aires. También vinculó el conflicto actual con una advertencia institucional que había presentado ante el Congreso el 5 de agosto. “Vienen por las economías regionales”, sostuvo, y concluyó que las restricciones deben discutirse teniendo en cuenta el impacto sobre las comunidades que dependen del comercio fronterizo.
