El municipio busca suspender la aplicación de la Resolución General 5910/2026, mientras comerciantes y trabajadores advierten sobre las consecuencias económicas de la medida.
El intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, impulsó una acción de amparo ante la Justicia Federal para cuestionar las nuevas restricciones dispuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para el comercio fronterizo con Bolivia. La Municipalidad solicitó, además, una medida cautelar para suspender la aplicación de la normativa mientras se analiza el planteo.
La presentación judicial cuestiona la Resolución General 5910/2026, que modificó las condiciones del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación y estableció nuevas limitaciones para la salida de mercaderías hacia países limítrofes.
La causa quedó registrada como «Municipalidad de La Quiaca c/ ARCA s/ Amparo Ley 16.986», con el expediente FSA 19533/2026. La constancia de sorteo indica que fue asignada el 21 de octubre al Juzgado Federal de Jujuy N.º 1, Secretaría Civil N.º 1.
El pedido cautelar busca que las restricciones queden suspendidas mientras se tramita la acción judicial. Hasta el momento, la presentación del amparo no implica que la medida de ARCA haya sido suspendida.
La Resolución General 5910/2026 fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre y entró en vigencia al día siguiente. La normativa modificó las condiciones del régimen utilizado por los habitantes de zonas fronterizas para trasladar mercaderías dentro de los límites establecidos para ese tipo de operaciones.
Entre sus principales disposiciones, establece un límite diario de 150 dólares por poblador para las mercaderías que egresan bajo este mecanismo. También excluye los granos de trigo, soja y maíz en todas sus formas, además de las mercaderías acondicionadas en envases iguales o superiores a los 10 kilogramos, o su equivalente en volumen.
La norma también mantiene prohibiciones específicas para determinados productos, entre ellos combustibles transportados en tanques suplementarios, bidones u otros recipientes.
Desde ARCA fundamentaron los cambios en la necesidad de mejorar los controles aduaneros, reducir el fraccionamiento de operaciones y evitar que el régimen sea utilizado para canalizar actividades comerciales o industriales que no están contempladas en sus objetivos.
El municipio de La Quiaca, en cambio, sostiene que las restricciones pueden afectar actividades económicas vinculadas históricamente con el intercambio entre la ciudad jujeña y Villazón, en Bolivia.
El conflicto excede a los comerciantes y alcanza a diferentes trabajadores que participan del movimiento cotidiano de mercaderías.
En La Quiaca, la actividad fronteriza involucra a transportistas, estibadores, carreteros, pasadores, vendedores ambulantes y personas que trabajan en depósitos, comercios y otros servicios asociados al intercambio.
El presidente de la Cámara de Comercio local, Walter Cadena, advirtió que alrededor de 3.500 familias dependen directa o indirectamente de esa actividad. Se trata de una estimación del dirigente sobre el alcance laboral del sector, no de una cifra oficial de empleos que ya se hayan perdido.
Los representantes comerciales sostienen que las nuevas condiciones pueden reducir el movimiento de mercaderías y afectar los ingresos de quienes dependen de esas operaciones para sostener sus hogares.
En ese contexto, comerciantes y trabajadores convocaron a una movilización pacífica para reclamar respuestas y solicitar que las autoridades revisen el impacto de las disposiciones sobre la economía de la frontera.
El reclamo de Velázquez y la intervención de la Justicia
Con la presentación del amparo, el intendente llevó el conflicto al ámbito judicial en representación del municipio. El objetivo es que se evalúe la legalidad de las restricciones cuestionadas y que, mientras se resuelve el planteo de fondo, se otorgue la protección cautelar solicitada.
La discusión también involucra las facultades de ARCA para establecer condiciones de control dentro del régimen fronterizo y la necesidad de contemplar las particularidades económicas de las comunidades que dependen de ese intercambio.
La normativa nacional establece que el tráfico vecinal fronterizo está destinado a atender las necesidades de los pobladores de las zonas limítrofes y no puede utilizarse con fines comerciales o industriales. Al mismo tiempo, el Código Aduanero contempla que el régimen debe adaptarse a las necesidades de los habitantes fronterizos y a las distintas coyunturas económicas.
La controversia gira, por lo tanto, en torno a la aplicación de esos controles y sus consecuencias sobre la actividad local.
La presentación judicial abre una nueva instancia en el conflicto entre el municipio y el organismo nacional. La primera cuestión será determinar si corresponde conceder la medida cautelar solicitada para suspender las restricciones mientras continúa el trámite del amparo.
Si la Justicia concede la cautelar, sus alcances dependerán de los términos de la resolución judicial. Si la rechaza, las disposiciones continuarán vigentes mientras se desarrolla el proceso, salvo que se adopten otras medidas.
En paralelo, el reclamo de comerciantes y trabajadores apunta a obtener respuestas de las autoridades nacionales y provinciales para reducir el impacto económico de los cambios.
La resolución del conflicto será relevante para La Quiaca, donde el intercambio con Villazón forma parte de la dinámica comercial de la frontera. Por ahora, el pedido del municipio está en manos de la Justicia Federal y no existe, según la información consultada, una decisión judicial que haya dejado sin efecto las restricciones de ARCA.
