La Aduana calcula que la evasión de tributos supera los Bs 18,6 millones.
Cinco camiones que transportaban 7.203 cajas de cigarrillos de contrabando fueron comisados en el sector de Piedra Larga, en la ruta Entre Ríos-Tarija. La mercancía fue valorada en más de Bs 9 millones, mientras que la omisión de tributos calculada por la Aduana Nacional supera los Bs 18,6 millones.
El operativo fue ejecutado por la Policía Boliviana durante labores de control y patrullaje, cuando los efectivos interceptaron una caravana de cinco camiones de doble chata que trasladaban los cigarrillos sin documentación que acreditara su ingreso legal al país.
Tras la intervención, los vehículos y la carga fueron llevados al recinto aduanero DAB El Portillo, donde personal técnico realizó la inspección, verificación y valoración de la mercancía.
De acuerdo con el informe de la Aduana Nacional, las 7.203 cajas tienen un valor CIF (que comprende el costo, el seguro y el flete) superior a Bs 9 millones. Además, el cargamento alcanza un peso total de más de 95 toneladas, por lo que fue considerado uno de los comisos de mayor impacto económico registrados recientemente en Tarija.
La evasión tributaria supera los Bs 18 millones
El aforo técnico estableció que el ingreso ilegal de los cigarrillos habría generado una omisión de tributos superior a 5,5 millones de Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), equivalente a aproximadamente Bs 18,6 millones.
Este monto corresponde a impuestos y aranceles que no se habrían pagado por la internación de la mercancía, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).
Luego del comiso, funcionarios de la Unidad de Control Operativo Aduanero (UCOA) y del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (VLCC) elaboraron las actas correspondientes. Asimismo, se notificó al Ministerio Público para que inicie las acciones penales previstas por ley.
La Aduana Nacional señaló que este tipo de intervenciones forma parte de los operativos coordinados entre distintas instituciones para combatir el contrabando, controlar el ingreso de mercancías al país y resguardar los recursos del Estado boliviano.
