También contempla saldos pendientes derivados de contratos que finalizaron en 2024.
El Gobierno amplió la emisión de tres títulos del Tesoro para cancelar deudas con contratistas de obras públicas. La medida alcanza saldos acumulados entre 2022 y 2025 y también obligaciones de contratos finalizados desde 2024.
El Gobierno autorizó la emisión de hasta $221.119 millones en títulos públicos para cancelar deudas con empresas contratistas de obras públicas, en el marco del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones creado por el Ministerio de Economía.
La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 59/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este lunes. El mecanismo establece que las empresas que adhieran al régimen recibirán bonos del Tesoro en lugar del pago en efectivo.
La deuda que busca regularizar el Gobierno corresponde a certificados de obra, acopios de materiales y redeterminaciones de precios acumulados entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. También contempla obligaciones pendientes derivadas de contratos de obra pública que fueron extinguidos a partir de 2024.
Cómo será el pago a las empresas de la obra pública
La resolución establece que el Estado ampliará la emisión de tres instrumentos de deuda en pesos. Será una suerte de “canasta” que se compone de la siguiente manera: 33% en una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026, por hasta $60.000 millones de valor nominal; 33% en un Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027, por hasta $51.000 millones de valor nominal; y 34% en un Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de abril de 2027, por hasta $60.000 millones de valor nominal.
En conjunto, el valor nominal de los títulos involucrados puede alcanzar los $171.000 millones, aunque el valor efectivo destinado a cancelar las obligaciones podrá llegar hasta los $221.119,5 millones.
La operación se imputará a los créditos presupuestarios destinados a Aplicaciones Financieras del Ministerio de Economía, específicamente a los programas de atención de deudas de la Secretaría de Transporte y de la Secretaría de Obras Públicas.
El mecanismo busca ordenar y cancelar obligaciones que el Estado mantiene con contratistas de infraestructura que acumularon acreencias durante los últimos años.
Desde el punto de vista de las cuentas públicas, la operación permite al Estado cancelar obligaciones con los contratistas mediante títulos de deuda en lugar de realizar un desembolso inmediato en efectivo.
Los bonos y la letra utilizados para la operación tienen vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027.
La norma aclara que las emisiones se encuentran dentro de los límites de endeudamiento autorizados por la Ley de Presupuesto 2026. En particular, la legislación habilita al Gobierno a realizar operaciones de crédito público y a emitir Letras del Tesoro para atender el programa financiero del ejercicio.
En términos prácticos, el Estado reconoce los saldos pendientes con los contratistas y las transforma en títulos públicos, con el objetivo de avanzar en la regularización de las deudas acumuladas por obras de infraestructura.
