Durante la Jornada Macrozona Norte 2026 del Ministerio Público, realizada en La Serena, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, planteó que la evolución del crimen organizado obliga a modificar la forma en que el Estado enfrenta estas estructuras, pasando de investigaciones fragmentadas por región o delito a una estrategia coordinada para todo el norte del país.
“La macrozona es un solo teatro del crimen organizado; debe ser también un solo teatro de la respuesta”, sostuvo Castro Bekios, quien explicó que las organizaciones criminales han ido desplazando sus operaciones entre distintos territorios y articulando rutas, nodos logísticos y actividades ilícitas que trascienden las fronteras administrativas.
La magnitud del fenómeno queda reflejada en las cifras expuestas durante la jornada. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2026 se han incautado 125,8 toneladas de sustancias ilícitas en la Región de Antofagasta. Además, durante los primeros siete meses de este año, las seis regiones que conforman la Macrozona Norte concentraron el 80,7% de toda la droga incautada a nivel nacional.
Pero para el fiscal, el tráfico de drogas es solo una parte de una estructura criminal más amplia. El robo de vehículos, el contrabando, el robo de cobre y los mecanismos de generación y lavado de activos también formarían parte de economías que pueden compartir rutas, infraestructura y sistemas financieros.
Por ello, propuso establecer herramientas comunes para la Macrozona Norte, entre ellas una matriz de riesgo compartida, intercambio estandarizado de información, mapeo conjunto de nodos criminales, equipos de investigación coordinados y una mayor persecución de los patrimonios vinculados a estas organizaciones.
“La criminalidad organizada se adapta, se desplaza y busca aprovechar las brechas existentes entre instituciones y territorios. Por eso, nuestra respuesta debe tener una escala equivalente”, afirmó.
Entre sus propuestas también incluyó protocolos para causas relacionadas con la Fiscalía Supraterritorial, equipos conjuntos con países vecinos, un registro estandarizado de información, un centro de perfilamiento portuario para el Norte Grande y una red interregional de protección de testigos.
Otro de los puntos destacados por Castro Bekios fue el impacto que podría tener el próximo funcionamiento del Corredor Bioceánico, considerando la conexión que establecerá entre los puertos chilenos y territorios de Argentina, Paraguay y Brasil.
El fiscal planteó que esta nueva infraestructura debe ser abordada desde ahora desde una perspectiva de seguridad, debido a que podría amplificar flujos que ya existen en la zona. En ese contexto, llamó a “gobernar el corredor” para evitar que sea aprovechado por organizaciones criminales.
También puso el foco en los puertos, al considerarlos puntos estratégicos dentro de las cadenas logísticas. Según expuso, las organizaciones podrían intentar utilizar la buena reputación de los terminales portuarios chilenos para reducir las sospechas sobre cargas ilícitas.
En el cierre de su presentación, Castro Bekios planteó que el objetivo de la persecución penal no debe limitarse a sacar droga de circulación, sino avanzar hacia la desarticulación de las estructuras, afectar sus patrimonios y cerrar los espacios que utilizan para operar en distintos territorios.
“La frontera ya no es sólo una línea, es una red logística económica y cognitiva”, afirmó el Fiscal Regional, quien concluyó que enfrentar estas amenazas requiere “anticipación, inteligencia, coordinación y acción sostenida”.
