El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este lunes que restringirá los visados a todos los ciudadanos del hemisferio occidental que “debilitan gobiernos elegidos democráticamente”. El estreno ha sido inmediato, con la revocación de las visas de 18 ciudadanos sudamericanos y de sus familias. La mayoría son de Bolivia, 13 personas, casi todas ligadas al sistema de justicia.
El nombre más destacado es el del fiscal general boliviano, Roger Mariaca, quien dirige la investigación judicial contra un asesor de la ultraderecha regional, Fernando Cerimedo, por supuesto enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio. Entre los sancionados hay también un empresario y una senadora colombiana, cercanos al expresidente de izquierdas Gustavo Petro; dos ecuatorianos cuyos nombres no se revelan; y un juez peruano que recientemente fue foco de atención al fallar a favor de una empresa China que opera el puerto de Chancay.
El Departamento de Estado no da detalles o evidencia sobre las acciones de cada uno de los ciudadanos a los que ha retirado el visado. En el comunicado de prensa en el que ha hecho pública la decisión, solo menciona que han “debilitado a gobiernos elegidos democráticamente a través de corrupción o acciones ligadas al narcotráfico en nuestra región”.
El único caso en el que se detiene es en el del fiscal Mariaca, a quien acusa de abusar de su posición de poder y aceptar sobornos para “favorecer el narcotráfico y ayudar a que criminales violentos evadan la justicia”. Antes de ejercer su cargo en el Ministerio Público, Mariaca, de 38 años, fue abogado particular especializado en materia penal, docente universitario y fiscal en Santa Cruz de la Sierra. Como ocurre con los cargos estratégicos en Bolivia, fue elegido por dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa.
La Administración de Donald Trump dice que “abusó de sus cargos públicos” para extorsionar y aceptar coimas. “Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo de las Américas, está trabajando para fortalecer”, describe el texto.
Mariaca salió a defenderse y denunció injerencia extranjera y presión política por el caso Cerimedo que lleva adelante el Ministerio Público. “Sabemos que el trabajo que venimos haciendo no ha sido del agrado de determinados sectores políticos tanto dentro como fuera del país. Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales. El caso Cerimedo, por ejemplo “, dijo el fiscal general del Estado en un video transmitido desde la sede de la Fiscalía General del Estado, acompañado de su equipo. “Si cumplir mi deber significa afrontar presiones y represalias, asumiré mi responsabilidad “, sentenció. El Gobierno, por su parte, anunció el inicio de una investigación por la que se solicitó información y pruebas a Washington sobre sus acusaciones. El impacto llegó también a la Asamblea, cuyos presidentes de ambas cámaras pidieron en una conferencia de prensa conjunta que Mariaca se aparte del cargo hasta que se aclaren las acusaciones en su contra.
Mariaca ya estuvo en la discusión pública cuando, en 2023, fue acusado de realizar depósitos por más de 400.000 bolivianos (alrededor de 34.000 dólares) a la hija de un funcionario municipal de Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde ejercía como fiscal antes de ocupar el cargo a nivel nacional. El caso se diluyó cuando se descubrió que meses después devolvió el dinero, aunque en un monto ligeramente menor. También fue cuestionado por presunta negligencia en 2021 por la investigación del caso Las Londras, una propiedad rural en la que periodistas que cubrían un conflicto por tierras fueron secuestrados por personas encapuchadas y armadas.
En la lista de ciudadanos bolivianos afectados está también Ramiro Campero, miembro del Tribunal Constitucional de Bolivia; el exministro de Justicia que fungió durante la gestión de Arce, Iván Lima; el policía coronel William Cabrera; o la jueza Ximena Flores. Esta última emitió en agosto una orden de libertad para Hebert Zeballos, uno de los principales involucrados en la desaparición de más de 30 maletas que no cumplieron los controles aduaneros y se presume que llevaban droga.