Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han acusado a China de robar su tecnología.
Desde la robótica y los semiconductores avanzados hasta la ingeniería de precisión y los componentes de automoción, las empresas chinas han contratado a los mejores ingenieros, presuntamente han espiado a sus rivales occidentales y se les ha relacionado con ciberataques destinados a obtener acceso a valiosos secretos comerciales.
Ahora, Pekín está tomando medidas para evitar que sus propias tecnologías de vanguardia y su talento se marchen al extranjero.
Una muralla china contra la fuga de cerebros
La semana pasada entraron en vigor nuevas normas que otorgan a las autoridades chinas la facultad de impedir que ingenieros, fundadores y otros especialistas abandonen el país si se considera que sus conocimientos en materia de baterías, tierras raras o inteligencia artificial (IA) suponen una amenaza para su «seguridad industrial y tecnológica».
Recientemente, Pekín también endureció las normas sobre inversión en el extranjero, tomó medidas drásticas contra los ciudadanos chinos que mantienen su patrimonio en el extranjero y restringió la salida de personal técnico al extranjero.
Según Henry Gao, profesor de Derecho en la Universidad de Gestión de Singapur (SMU, por sus siglas en inglés), estas restricciones «ofrecen una visión poco habitual del verdadero estado de la economía china».
«Estas medidas sugieren que Pekín está profundamente preocupado por la debilidad económica y las importantes salidas de capital», dice Gao a DW.
Si bien la demanda de exportaciones chinas sigue siendo fuerte —especialmente de productos de alta tecnología—, el colapso del mercado inmobiliario del país ha debilitado gravemente el consumo interno, con una caída de los préstamos bancarios hasta mínimos históricos durante el verano y un descenso interanual de casi una cuarta parte en las ventas de coches nuevos en agosto.
