Las empresas que prestan el servicio de transporte metropolitano de pasajeros en Salta confirmaron que comenzaron a reducir la cantidad de unidades en circulación y las frecuencias debido a la crisis financiera que atraviesa el sistema. Además, advirtieron que la situación podría agravarse si SAETA no regulariza los pagos adeudados desde julio.
El planteo fue realizado mediante una solicitada firmada por Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL, donde las prestatarias pidieron disculpas a los usuarios por las demoras y responsabilizaron a la conducción de SAETA por el deterioro que, aseguran, afecta al transporte público.
Las compañías sostuvieron que las dificultades económicas son consecuencia directa de decisiones adoptadas por la empresa estatal y remarcaron que cuentan con la flota, el personal y los recursos necesarios para brindar un servicio de mayor calidad, aunque afirmaron que la falta de pagos condiciona el funcionamiento diario del sistema.
Según indicaron, los incumplimientos en la cancelación de los servicios prestados se arrastran desde julio y comenzaron a impactar en aspectos esenciales para la operación, como la compra de combustible y el cumplimiento de otras obligaciones indispensables para mantener los colectivos en circulación.
Aunque la solicitada no precisa cuántas unidades fueron retiradas del servicio, cuáles son las líneas afectadas ni el monto total de la deuda reclamada, las empresas señalaron que el conflicto dejó de ser una diferencia contractual para convertirse en un problema que ya repercute directamente en los pasajeros.
Ante esta situación, El Tribuno consultó a SAETA para conocer su posición sobre los reclamos, el alcance de la deuda denunciada y la reducción del servicio. Desde el organismo indicaron que durante la jornada de hoy darán a conocer una respuesta oficial.
El conflicto se remonta a principios de septiembre, cuando las empresas notificaron formalmente a SAETA que solo disponían de combustible suficiente para garantizar seis días de servicio. En esa oportunidad advirtieron que habían alcanzado un escenario de «extrema complejidad» y reclamaron el pago de los certificados pendientes.
Dos días después, SAETA intimó a las prestatarias a asegurar la continuidad y regularidad del transporte, recordándoles que los contratos seguían plenamente vigentes y exigiendo que no adoptaran reducciones ni interrupciones unilaterales que perjudicaran a los usuarios.
Al mismo tiempo, el organismo reconoció que el sistema atravesaba un déficit operativo y confirmó que gestionaba una asistencia financiera extraordinaria ante el Gobierno provincial para obtener los recursos necesarios. También informó que continuaba efectuando pagos semanales de acuerdo con la disponibilidad de fondos.
Si bien el servicio no llegó a paralizarse como se había advertido inicialmente, las empresas aseguran que, casi tres semanas después, el problema persiste y ya derivó en recortes concretos en la prestación.
En ese contexto, reclamaron el cumplimiento de los contratos vigentes, solicitaron mayores garantías jurídicas para las empresas que invirtieron en el sistema y pidieron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para alcanzar una solución definitiva.
Las prestatarias sostuvieron que el transporte público constituye un servicio esencial que el Estado y SAETA deben garantizar de manera ininterrumpida y reiteraron su voluntad de continuar operando. No obstante, alertaron que, si no se modifica el escenario financiero actual, podrían verse imposibilitadas de afrontar sus compromisos económicos y mantener el servicio con normalidad.
El sistema de transporte metropolitano de Salta arrastra dificultades desde la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior a fines de 2023. A ese escenario se sumaron el aumento de los costos del combustible, los salarios y los repuestos, además de una disminución en la venta de pasajes.
En este contexto, la discusión se concentra en dos aspectos centrales: el monto de la deuda que SAETA mantiene con las empresas operadoras y las medidas que adoptará el Gobierno provincial para evitar que continúe profundizándose la reducción de colectivos y frecuencias que ya comenzó a afectar a miles de usuarios.
