Tras la cita, mientras el diplomático explicó que la información sobre las protestas se basa en «fuentes abiertas», el secretario de Estado aseguró que le pidió no involucrarse en temas internos.
Por menos de 20 minutos el embajador de Estados Unidos en el país, Brandon Judd, estuvo al interior de las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde sostuvo una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna.
El diplomático llegó al edificio ubicado en Teatinos cerca de las 12.30 de este miércoles tras ser convocado desde la cartera por sus declaraciones respecto al estallido social de 2019.
Durante el martes, en entrevista con CNN Chile, el embajador norteamericano aseguró que existe “un análisis específico” de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre los hechos ocurridos en las protestas de octubre, y apuntó: “Lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.
En ese contexto, desde la cartera dirigida por Pérez Mackenna lo citaron, “con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores”.
Al salir de Cancillería, eso sí, el diplomático retrocedió en sus dichos y reconoció que su tesis venía de “fuentes abiertas”: “Quiero dejar esto muy claro: la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación, ni tiene documentos que hablen sobre el estallido de 2019. No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación y, durante mi gestión, nunca enviaremos investigadores a Chile para realizar una investigación sin haber sido invitados por el gobierno de Chile”.
En esa línea, explicó que “esta declaración se basa en las investigaciones que realizó el gobierno de Estados Unidos y en el análisis de la información que provino de sus políticos aquí en Chile, de sus policías y de sus académicos. Basándonos en esa información y en una revisión de ella, se determinó que sí, que esto fue perpetuado por elementos de la izquierda radical”.
“No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados”, recalcó.
Solo unos minutos más tarde, el propio canciller salió a dar su versión de la reunión. Según aseguró, el representante estadounidense se mostró disponible para entregar la información recopilada sobre el estallido y añadió que “una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación”.
Consultado directamente sobre los dichos de Judd, no dudó en subir el tono. “Los embajadores en general no deben opinar sobre la política interna en los países que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador Judd en varias oportunidades, y hoy día sí fue exactamente, uno de los temas que tocamos”, apuntó.
La polémica por el estallido se arrastraba desde la semana pasada, después de que en el marco del Foro Madrid -cumbre conservadora que se realizó en Santiago y reunió a distintas figuras de ultraderecha- la subsecretaria de diplomacia pública del gobierno de Donald Trump, Sarah Rogers, afirmara que fueron “extremistas de izquierda” los que quemaron el metro en el marco de las protestas, lo que desató las críticas de la oposición.
En el oficialismo no esconden que el tema abrió un nuevo flanco para el canciller y, por lo mismo, no sorprendió el llamado de atención a Judd. En los últimos días, Pérez Mackenna ha recibido una serie de cuestionamientos particularmente por su gestión en la relación con Estados Unidos y también por la polémica con Argentina respecto a la soberanía del estrecho de Magallanes, razones por las que en la oposición levantaron una interpelación para el próximo 28 de septiembre.
En ese contexto, los dichos de Judd de este martes levantaron críticas transversales en los partidos, donde recuerdan que no es la primera vez que el representante norteamericano se involucra en política interna y no respeta los canales diplomáticos.
“La declaración como tal me parece preocupante, pero además me parece muy bien lo que hizo la Cancillería, que es llamar al embajador a poder explicar estos dichos, así que creo que por el contexto que tienen debemos esperar el resultado de esa gestión para saber efectivamente a qué era lo que se refería”, cuestionó la senadora Andrea Balladares (Renovación Nacional).
La secretaria general de ese partido, Katherine Martorell, se sumó a las críticas. “Esa información es realmente fundamental entregarla si es que existe y que no sea algo que se dice de un día para otro porque eso contribuye a la inestabilidad (…). Es complejo cuando se señala una información por los medios primero, no vía oficial, y con tan poca claridad respecto a la misma”, apuntó.
“Las declaraciones del embajador de Estados Unidos son extremadamente gravísimas, estamos hablando de la seguridad interior del Estado (…). Hay que mostrar las pruebas, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando el embajador de Estados Unidos en Chile”, dijo, por su parte, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI).
La controversia adquiere especial relevancia porque las declaraciones del embajador estadounidense se producen en un momento particularmente sensible de la relación bilateral. El gobierno chileno ha buscado mantener una relación fluida con Washington, pero las intervenciones públicas de representantes extranjeros sobre asuntos de política interna pueden tensionar ese vínculo y generar cuestionamientos sobre los límites de la actividad diplomática.
Desde Cancillería, el punto central parece estar puesto ahora en la eventual entrega de los antecedentes mencionados por Judd. El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que la información que pueda proporcionar la representación estadounidense será remitida a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para que determinen su relevancia y eventual utilidad investigativa. De esta manera, el gobierno intenta trasladar la discusión desde las declaraciones políticas hacia una eventual evaluación institucional de los antecedentes.
El episodio también abrió una discusión transversal respecto del papel que deben cumplir los embajadores. Tanto dirigentes oficialistas como opositores cuestionaron que un representante diplomático formule públicamente conclusiones sobre un episodio tan controvertido de la historia reciente de Chile, especialmente cuando posteriormente aclaró que no cuenta con una investigación propia de la embajada ni con antecedentes sobre individuos o grupos específicos.
La oposición, por su parte, ha puesto el foco en la necesidad de que cualquier información de inteligencia eventualmente existente sea entregada por los canales correspondientes. La exigencia apunta a determinar si detrás de las afirmaciones realizadas públicamente existe documentación concreta o si se trató principalmente de una interpretación elaborada a partir de información disponible públicamente y de antecedentes recogidos por actores estadounidenses en Chile.
Mientras tanto, el conflicto amenaza con prolongarse en el escenario político chileno. Las críticas al desempeño de la Cancillería se acumulan a otros episodios recientes que han complicado la gestión de Pérez Mackenna, y la interpelación anunciada para el 28 de septiembre podría convertir la controversia en una discusión más amplia sobre la política exterior del gobierno y su manejo de las relaciones con Estados Unidos y otros países de la región.
