Analistas plantean adelantar elecciones y un constitucionalista advierte que forzar la salida de Paz sería un golpe de Estado
La incertidumbre que dejó el caso Beller comienza a trascender el ámbito judicial y alimenta una pregunta que hasta hace poco parecía impensable: ¿debe Rodrigo Paz completar el mandato para el que fue elegido o Bolivia necesita una salida electoral anticipada?
En medio de las acusaciones, cuestionamientos y sospechas que rodean al caso, Fernando Cerimedo afirmó desde Palmasola que existe un plan para desestabilizar al Gobierno, mientras algunos políticos y analistas ya plantean adelantar las elecciones. Un constitucionalista, en cambio, advierte que intentar forzar la salida del presidente constituiría un golpe de Estado.
Cerimedo hizo esa afirmación al finalizar su declaración ante la Fiscalía, en calidad de sindicado dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Desde el centro de reclusión, y ante la pregunta de si tenía algo más que declarar, respondió: “Quiero declarar que esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz”.
La defensa del estratega argentino reforzó esa línea de denuncia. José María Vega, abogado de Cerimedo, cuestionó la actuación del Ministerio Público y aseguró que pretendía tomarle declaración sin la presencia de sus abogados. “Vamos a ir sacando documentación donde se va a demostrar que esto es un intento de golpe de Estado institucionalizado”, afirmó Vega, quien además apuntó al fiscal del departamento de La Paz y anticipó que las observaciones serán respondidas con documentos.
Mientras la defensa habla de una operación para desestabilizar al Ejecutivo, el caso comenzó a generar otras aristas. El escritor Ramiro Calasich abrió el debate sobre un eventual adelanto de elecciones y sostuvo que la administración de Paz no tendría capacidad para resolver la crisis del país.
Calasich consideró que la renuncia del mandatario tampoco sería una solución y propuso un pacto político para adelantar las elecciones y conformar un gobierno de transición.
En una línea similar, aunque bajo el concepto de una “salida institucional ordenada”, el politólogo Marcelo Aruquipa planteó que el adelanto de elecciones podría convertirse en el único acuerdo político que la oposición legislativa estaría dispuesta a aceptar de Paz.
Su propuesta contempla además que el vicepresidente Edmand Lara no asuma el mando durante el proceso. “Si el señor Lara quiere ser candidato, que candidatee”, señaló.
Frente a esas posiciones, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan defendió el mandato presidencial. Recordó que Paz fue elegido en segunda vuelta con 3.519.534 votos y que la Constitución establece un periodo de cinco años, de 2025 a 2030.
Para Santistevan, cualquier convulsión social destinada a apartar al presidente del cargo u obligarlo a renunciar supondría una ruptura del orden constitucional, que definió en términos directos como un “golpe de Estado al gobierno legalmente constituido en las urnas”.
El constitucionalista recordó que existen mecanismos para expresar el rechazo ciudadano a una gestión, entre ellos el referéndum revocatorio, una vez cumplida la mitad de la gestión.
Un juez cautelar de La Paz dictó detención preventiva para Fernando Cerimedo por seis meses, en la cárcel de Chonchocoro.
La audiencia se prolongó por cuatro horas y el asesor político argentino participó vía online desde la cárcel de Palmasola, donde está recluido por el caso de intento de feminicidio a Nadia Beller.
“Mi familia está desprotegida ahora. No me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, dijo ayer Cerimedo.
Insistió en que él es el más interesado en que todo se aclare. “No voy a esperar que el Ministerio Público pida perdón, que Nadia Beller me pida perdón. No estoy esperando eso, pero quiero (recuperar) mi reputación”, señaló.
Sobre la acusación de enriquecimiento ilícito, se defendió indicando que sus abogados presentaron documentación para acreditar sus ingresos y el origen de esos fondos. Agregó que trabaja desde hace 15 años como consultor político y asesor de marketing.
También aseguró tener empresas en Argentina, Estados Unidos y Chile.
Negó haber tenido poder dentro del Gobierno y rechazó las versiones que lo presentan como una persona con capacidad para definir decisiones o dar instrucciones.
Cerimedo enfrenta tres procesos en su contra. Uno por tentativa de feminicidio, otro por violencia intrafamiliar y otro por legitimación de ganancias ilícitas. Además, está en curso una cuarta investigación sobre presunto tráfico de drogas.
