El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió que no reabrirá el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz a menos que el gobierno de Estados Unidos valide y suscriba las condiciones planteadas por Teherán.
El anuncio se da en medio de las negociaciones entre ambos países para alcanzar una resolución pacífica al conflicto en Medio Oriente.
En este contexto, el portavoz de la organización militar, Hossein Mohebbi, aseguró que el paso marítimo permanece bajo el dominio del Estado islámico.
En esa línea, reafirmó que la circulación comercial o militar por la zona requiere de forma obligatoria la autorización de sus autoridades.
«Todos los buques de guerra enemigos se encuentran a al menos 400 kilómetros del estrecho de Ormuz y, desde las perspectivas militar y territorial, ninguna embarcación podrá pasar por esta vía navegable sin el permiso y gestión de Irán», sostuvo Mohebbi.
Según detalló el vocero de la Guardia Revolucionaria, el despliegue defensivo y la soberanía territorial le otorgan a Irán la facultad exclusiva para regular la fiscalización de los buques que deseen atravesar el estrecho.
El portavoz iraní indicó también que los límites con Omán continúan integrados a la zona de patrullaje. Sostuvo además que el paso es un área binacional bajo regulación soberana compartida.
Teherán y Mascate disponen de acuerdos mutuos que detallan la delimitación de las aguas y a los sistemas de recaudación derivados de la actividad portuaria.
Desde el CGRI adjudicaron la interrupción del tráfico comercial a la postura de Washington. En este sentido, exigieron la reapertura del marco de paz firmado en junio como requisito previo para reabrir la navegación.
El portavoz iraní condicionó la apertura definitiva del paso marítimo a la ratificación de dichas demandas por parte del gobierno de Donald Trump.
En paralelo, representantes de Irán y Omán establecieron una mesa de diálogo organizada por fases para desplegar un paso fluvial provisorio de cooperación bilateral. El proyecto entre ambas naciones contempla operativos conjuntos de rastreo y desactivación de minas acuáticas depositadas en el área.
El plan prevé protocolos para el intercambio de datos de radares, la organización del tráfico mercante y la prestación de servicios de asistencia naval y resguardo de la seguridad costera.
