En medio del debate de la Ley de Reconstrucción Nacional y el Fondo Común Municipal, también surgieron voces que cuestionaron cierta inequidad en la distribución de los recursos del royalty minero, que beneficia a más de 300 municipios del país, reportó Emol.
Es que las comunas que reciben mayores recursos por el royalty minero son Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Le siguen Rancagua, Huasco, El Bosque, Tierra Amarilla y Cerro Navia. Es decir, cuarto de las diez son de la Región Metropolitana.
Esta semana, el alcalde de Calama y presidente de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi), Elicier Chamorro, dijo a Radio Cooperativa que «el royalty al final beneficia a todo Chile, pero hay comunas que reciben más recursos que aquellas que son mineras -voy a ser bien franco- y hay comunas de Santiago».
«No voy a entrar a polemizar, porque cuando planteé esto en La Moneda me llevé varias pifias, pero la realidad señala que la partida del royalty llega a las comunas del norte, pero no en la cuantía que nosotros esperamos», planteó.
Consultado por Emol, el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal (PPD), planteó que «no éramos más allá de 40 municipios mineros que dimos la pelea, y hay gente que quedó en el camino soñando una posibilidad. Hoy día se compensan a 307 municipios, y estamos de acuerdo con la distribución, que todos debiéramos mejorar, pero tiene que haber, no un privilegio, pero pero lo menos un tema de justicia a quienes realmente les corresponde tener mayores recursos».
«No puede ser que comunas que no son mineras tengan mayores beneficios que las comunas mineras, que han comido tierra, que han estado toda una vida, y que hoy día en la ley no les permita lograr el objetivo que tanto soñamos», planteó.
En la misma línea, el alcalde Antofagasta, Sacha Razmilic (Evópoli), coincidió en la percepción de que los recursos del royalty no están beneficiando a las comunas mineras.
«El royalty nació como un mecanismo para que las operaciones mineras generaran recursos adicionales que permitieran mitigar los pasivos ambientales y los impactos que la actividad deja en los territorios donde se desarrolla. Lamentablemente, durante su tramitación en el Congreso primaron las negociaciones y transacciones políticas, lo que terminó diluyendo esos recursos por todo Chile», diagnoticó.
En ese sentido, comenta que «hoy vemos el contrasentido de que comunas como Antofagasta, que soportan diariamente las externalidades de la minería, reciben menos recursos que comunas donde esa actividad no existe».
