El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se hizo sentir ayer en todo el país y dejó sin clases a la mayoría de las escuelas públicas. En Tucumán, la medida contó con la adhesión de la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) y de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys), los dos sindicatos que concentran a la mayor parte de los docentes de los niveles inicial, primario y secundario del sistema público provincial.
En contraste, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) decidió no sumarse a la huelga, por lo que numerosos establecimientos de gestión privada desarrollaron sus actividades con normalidad.
La jornada de protesta estuvo atravesada por una fuerte disputa entre los gremios y el gobierno de Javier Milei. Horas antes de la medida, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que debía garantizarse un 75% de asistencia de los trabajadores a los establecimientos educativos y que sólo un 25% podía ejercer el derecho de huelga. Incluso, en la Ciudad de Buenos Aires funcionarios de esa cartera realizaron controles en escuelas para verificar el cumplimiento de esa disposición.
Según los gremios tucumanos, la adhesión fue prácticamente total en el sistema público. “Estamos con un altísimo acatamiento de la medida de fuerza. La gran mayoría de las instituciones y, sobre todo, los docentes, tomaron conciencia de la importancia de defender la educación pública y también su derecho a huelga. Existe una preocupación creciente por el deterioro del sistema educativo y por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, sostuvo la secretaria adjunta de Atep, Nora Yenad.
Entre los principales reclamos figuran la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente, un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Ctera también exige una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mayores partidas para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos, además de la defensa del sistema previsional docente. Asimismo, los gremios manifestaron su rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa, al considerar que afecta derechos laborales y el rol del Estado en la garantía de la educación pública.
Yenad cuestionó además la interpretación realizada por el Gobierno nacional sobre el alcance del derecho de huelga. “Es importante aclararle a la docencia tucumana que esa disposición no es aplicable a los trabajadores de la educación de la provincia. La propia legislación excluye a los empleados de las administraciones públicas y, además, la educación no puede ser considerada un servicio esencial en los términos que plantea el derecho internacional”, afirmó.
La dirigente remarcó que el conflicto tiene origen en decisiones adoptadas por la administración nacional. “Queremos que vuelva a funcionar la paritaria nacional docente porque era el ámbito donde se establecía un piso salarial para todas las provincias. Hoy, en Tucumán, un docente que trabaja, no tiene antigüedad y está en zona A cobra $1.020.000. Si el Estado pretende discutir el carácter del servicio educativo, primero debe garantizar los recursos necesarios para sostenerlo, no retirarlos”, señaló.
