Tras una extensa jornada legislativa, la iniciativa superó uno de sus principales obstáculos y quedó a un paso de convertirse en ley. El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional, pero el mensaje político ya quedó instalado: la principal prioridad del Gobierno ha sido aliviar la carga tributaria del gran capital y consolidar un modelo económico que vuelve a confiar el desarrollo del país a quienes concentran la mayor riqueza.
El Ejecutivo celebró el resultado como un triunfo para el crecimiento económico. Sus ministros hablaron de inversión, empleo, competitividad y recuperación. La oposición, en cambio, denunció una reforma regresiva, con un alto costo fiscal y diseñada para favorecer a un grupo reducido de grandes contribuyentes. La estrechez de las votaciones demuestra que no existe consenso sobre el camino escogido, pero aun así el proyecto avanzó. (El País)
La pregunta que cualquier ciudadano debiera hacerse no es si la economía necesita crecer. Evidentemente lo necesita. La verdadera pregunta es otra: ¿quiénes serán los beneficiarios de ese crecimiento?
Porque basta revisar el contenido de la reforma para entender hacia dónde apunta. Su eje central es la rebaja del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y un régimen de invariabilidad tributaria que entrega estabilidad por hasta veinte años a grandes proyectos de inversión. Son medidas que, según el Gobierno, buscan atraer capitales y dinamizar la economía. Pero también significan menores ingresos fiscales en el corto y mediano plazo, trasladando la esperanza de mayores recursos públicos a un crecimiento futuro cuya magnitud y oportunidad son inciertas. (El País)
Los principales ganadores parecen ser evidentes. Ganan las grandes empresas que verán reducida su carga tributaria. Ganan los grandes inversionistas que obtendrán reglas tributarias estables durante largos períodos, disminuyendo el riesgo de futuras modificaciones legales. Ganan quienes históricamente han sostenido que el Estado debe recaudar menos y dejar que el mercado distribuya los beneficios del crecimiento.
¿Y quiénes pierden?
Pierde el Estado cuando reduce su capacidad de recaudación para financiar políticas públicas. Pierden los hospitales que seguirán esperando mayores recursos. Pierde la educación pública cuando el financiamiento fiscal se vuelve más estrecho. Pierden las políticas de vivienda, de seguridad, de infraestructura y de protección social que dependen precisamente de esos ingresos tributarios.
Pero, sobre todo, pierde la clase trabajadora.
Pierde quien vive exclusivamente de un sueldo y esperaba que las prioridades del Gobierno estuvieran puestas en mejorar las remuneraciones, fortalecer la negociación colectiva, reducir la precariedad laboral o garantizar derechos sociales efectivos. Para millones de trabajadores resulta difícil comprender cómo la respuesta a sus problemas cotidianos consiste, nuevamente, en reducir impuestos a quienes más capacidad económica poseen.
El argumento oficial sostiene que menores impuestos significarán más inversión y, en consecuencia, más empleo y mejores salarios. Es una tesis legítima dentro del debate económico. Sin embargo, también es legítimo recordar que esa promesa ha acompañado buena parte de las políticas neoliberales implementadas durante las últimas décadas y que sus resultados en materia de desigualdad han sido, como mínimo, discutibles. Chile logró crecer, pero ese crecimiento convivió durante años con una de las distribuciones de ingresos más desiguales de la OCDE.
La discusión tampoco puede reducirse a una confrontación entre crecimiento y justicia social. Chile necesita ambas cosas. Lo que está en debate es quién debe soportar el mayor esfuerzo para financiarlas. Mientras una visión sostiene que la mejor política económica consiste en aliviar la carga tributaria del capital esperando que la riqueza se expanda hacia el resto de la sociedad, otra entiende que quienes concentran una mayor capacidad contributiva deben realizar un esfuerzo proporcionalmente mayor para sostener un Estado capaz de garantizar derechos y reducir las brechas sociales.
Ese es, en definitiva, el verdadero contenido de esta reforma.
No se trata simplemente de una modificación tributaria. Se trata de una definición política sobre el tipo de país que se quiere construir. Uno donde el desarrollo comienza fortaleciendo al gran capital con la expectativa de que sus beneficios lleguen posteriormente al resto de la población, o uno donde el crecimiento económico vaya acompañado desde el inicio por una distribución más equilibrada de sus frutos.
La megarreforma todavía debe superar su último trámite legislativo e incluso podría enfrentar impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Pero la señal enviada por el Senado ya es suficientemente clara. En la principal discusión económica del año, la mayoría parlamentaria optó por privilegiar incentivos al gran empresariado por sobre el fortalecimiento inmediato de la capacidad del Estado para responder a las necesidades sociales.
Por eso esta votación difícilmente será recordada únicamente como una reforma tributaria. Será recordada como una decisión política que definió, al menos por ahora, quiénes ganan y quiénes pierden. Y cuando esa respuesta se analiza desde la realidad cotidiana de millones de trabajadores, cuesta concluir que esta haya sido una buena noche para Chile.
