La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con derivaciones políticas: el caso ya salpicó a la Legislatura provincial luego de que trascendiera que uno de los detenidos mantendría un vínculo con una empleada del cuerpo.
Aunque la mujer no figura en el expediente ni fue incorporada formalmente a la causa, la versión que comenzó a circular en los pasillos del edificio legislativo de Muñecas al 900 derivó, siempre según fuentes vinculadas al caso, en una intervención directa del vicegobernador Miguel Acevedo, que habría ordenado cortar de inmediato la relación laboral de la trabajadora para evitar que el Poder Legislativo quedara expuesto en medio de una pesquisa por narcotráfico de alto impacto.
De acuerdo con esa reconstrucción, Acevedo habría convocado en los últimos días a una legisladora opositora para consultarle si era cierta la información que circulaba puertas adentro de la Cámara sobre el supuesto vínculo entre la empleada y uno de los sospechosos detenidos en la causa. Tras recibir una respuesta afirmativa, el vicegobernador habría pedido que se pusiera fin a la relación de trabajo de la mujer con la Legislatura.
La reacción política no habría terminado allí. Según la misma versión, el titular del Poder Legislativo también advirtió a los legisladores que no estaba dispuesto a permitir que la institución quedara “pegada” o asociada a una investigación de semejante gravedad, en referencia al expediente que se abrió tras el secuestro de 470 kilos de cocaína y que se transformó en una de las causas por narcotráfico más resonantes de los últimos años en Tucumán.
Por el momento, la mujer en cuestión no aparece mencionada en el expediente judicial ni pesa sobre ella ninguna vinculación formal con la causa. Sin embargo, la sola circulación del dato dentro del ámbito político fue suficiente para encender alarmas en la Legislatura y sumar un nuevo foco de tensión a una investigación que ya venía generando repercusiones por sus ramificaciones fuera del plano estrictamente penal.
Se trata, además, del segundo nexo político que surge alrededor del expediente. El primero había quedado expuesto cuando se confirmó que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos en la causa, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular (MUP), un dato que amplificó el impacto político del caso y alimentó interrogantes sobre los vínculos del entramado investigado.
La causa por el cargamento de cocaína continúa así expandiendo sus efectos más allá de los tribunales y de las detenciones ya concretadas, al punto de alcanzar ahora a la Legislatura tucumana.
Mientras la Justicia avanza sobre el circuito narco y sus posibles conexiones, en el plano institucional el mensaje que habría bajado desde la vicegobernación apunta a una idea central: evitar que el escándalo roce al Poder Legislativo, aun cuando, por ahora, no existan elementos judiciales que comprometan formalmente a la empleada señalada en la versión que disparó la reacción política.
