El próximo 7 de junio, el país andino deberá elegir entre dos proyectos políticos completamente diferentes: el de Keiko Fujimori, heredera del histórico fujimorismo de derecha, y el de Roberto Sánchez, dirigente de izquierda cercano al expresidente Pedro Castillo.
La campaña no gira solamente alrededor de la economía o la inseguridad. También entraron de lleno temas estratégicos para toda Sudamérica: minería, Amazonia, agua, recursos naturales, contaminación ambiental y el control de las grandes industrias extractivas.
El resultado tendrá impacto regional. Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre, oro y plata, posee enormes reservas minerales y parte importante de la selva amazónica, considerada clave para el equilibrio climático global.
Keiko Fujimori lidera el partido conservador Fuerza Popular y es hija de Alberto Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000.
El apellido Fujimori sigue generando enormes divisiones dentro de la sociedad peruana.
Durante su gobierno, Alberto Fujimori impulsó un fuerte programa de privatizaciones, apertura económica y militarización del Estado bajo el argumento de combatir a las guerrillas armadas Sendero Luminoso y MRTA.
Sin embargo, su gestión terminó marcada por graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad al ser considerado autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de los casos más emblemáticos del terrorismo de Estado en Perú.
La Justicia peruana determinó que durante su gobierno operó el Grupo Colina, un escuadrón militar clandestino acusado de secuestros, asesinatos y desapariciones.
En la masacre de Barrios Altos, ocurrida en Lima en 1991, fueron asesinadas 15 personas, incluido un niño de ocho años.
En el caso La Cantuta, en 1992, integrantes del grupo militar secuestraron y asesinaron a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.
Además, el gobierno fujimorista fue acusado de espionaje ilegal, persecución política, censura, corrupción sistemática y esterilizaciones forzadas realizadas sobre miles de mujeres indígenas y campesinas pobres, principalmente en zonas rurales andinas.
Pese a ese pasado, Keiko Fujimori continúa siendo una de las figuras más fuertes de la política peruana y mantiene un importante respaldo empresarial y conservador.
