(Desde Ginebra) El Consejo de Europa, integrado por 46 Estados miembros con 700 millones de habitantes, acaba de decidir la creación de un «Tribunal especial por el crimen de agresión contra Ucrania», ante la imposibilidad de que lo realicen la Corte Internacional de Justicia (órgano de la ONU que resuelve conflictos entre Estados) y la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de juzgar los genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.
El suizo Alain Berset, actual presidente del Consejo de Europa, anunció que «el momento en que Rusia deberá rendir cuentas por su agresión se aproxima. La vía que se abre ante nosotros es la de la justicia». La idea fue lanzada, luego del ataque de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, por el jurista y abogado franco-británico Philippe Sands: «una idea nacida en Núremberg, en tanto crimen contra la paz», refrendada por la Asamblea General de la ONU el 2 de marzo de 2022 por 141 Estados de los 195 que la componen.
La historia del crimen de agresión se inició el 20 de noviembre de 1945 en Núremberg, con la apertura de los debates entre los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que dieron lugar a los conceptos de «crimen contra la paz» y «guerra de agresión». La paternidad de este segundo concepto se atribuye al jurista soviético Aron Trainin, quien hizo entrar la agresión en el derecho internacional. Los jueces definieron en su juicio de 1946 que la «agresión es el crimen internacional supremo».
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El debate resurgió en los años 1990 con los tribunales penales internacionales para la ex-Yugoslavia y Ruanda, y luego con la firma del Estatuto de Roma en 1998, que creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002. Tales instrumentos se abocaron a juzgar los genocidios y los crímenes de lesa humanidad, pero dejaron de lado el de agresión. Este fue recién definido en 2010 y, no obstante haber sido agregado últimamente a los estatutos de la CPI, su puesta en marcha se alcanza ahora, luego de que el Consejo de Europa y Ucrania firmaran su implementación.
Christian Wenaweser, embajador de Liechtenstein en Nueva York, consiguió convencer a los Estados de agregar el crimen de agresión al Estatuto de Roma de la CPI; pero las grandes potencias, con Estados Unidos a la cabeza tras la agresión a Irak en 2003, rechazan que ese crimen pueda ser perseguido por el fiscal de la CPI, contrariamente a otros, y exigen que sea el Consejo de Seguridad de la ONU —donde los 5 miembros permanentes tienen poder de veto— quien decida eventuales inculpaciones.
En 2010, la CPI añadió a sus estatutos que constituyen «crimen de agresión los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, la deportación forzada de niños, los ataques contra las infraestructuras civiles, y todo de lo que se habla sin cesar, existiendo porque hay una guerra. Esa guerra es el verdadero crimen», resume el antes citado Wenaweser. Agrega que «no imaginaba verdaderamente que sería posible. Es una respuesta a los que dicen que el derecho internacional terminó en 1945».
La definición completa del crimen de agresión incluye «la planificación, la preparación, el lanzamiento o la ejecución, por una persona efectivamente capaz de controlar o de dirigir la acción política o militar de un Estado, de un acto de agresión que, por su naturaleza, gravedad y amplitud, constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas…». Resulta en «el empleo por un Estado de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, haya o no declaración de guerra».
Abarca «la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o la ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o la anexión por la fuerza de la totalidad o de una parte del territorio de otro Estado», sumado al «bombardeo por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o la utilización de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado, o el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado».
Engloba paralelamente «el ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas terrestres, marítimas o aéreas, o contra las flotas aéreas y marítimas de otro Estado», como así también «el empleo de fuerzas armadas de un Estado que se encuentren en el territorio de otro Estado con el consentimiento de este último, en contravención de las condiciones fijadas en el acuerdo pertinente, o la prolongación de la presencia de esas fuerzas en dicho territorio después de vencido el plazo del acuerdo pertinente».
Reprocha «que un Estado permita que su territorio, el cual ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado», y condena «el envío por un Estado, o en nombre de él, de bandas, grupos, fuerzas irregulares o mercenarios armados que lleven a cabo contra otro Estado actos de fuerza armada de gravedad análoga a la de los actos antes enumerados, o su participación sustancial en dichos actos». (10)
Todas estas consideraciones, publicadas en 2023, siguen siendo válidas para entender cómo opera hoy Rusia en su agresión contra Ucrania, observando que su situación ha empeorado. La relación de fuerzas con Kiev le es desfavorable por la acumulación de datos adversos: el corte de Starlink, el control, censura y aislamiento de Internet, los ataques aéreos ucranianos contra Moscú y el fallido aniversario de la victoria contra el nazismo del 9 de mayo no son propicios para lanzar una contraofensiva el próximo verano.
Las reservas económicas se agotan en Rusia. El reciente aumento del precio del petróleo no solucionará las dificultades económicas, ya que las reservas se han gastado. Las compras de India y China, junto a lo que aporta la «flota fantasma», solo han conseguido un aumento un 10% inferior a la media mensual de 2024. Los 8000 millones de euros recolectados de los ingresos fiscales de las exportaciones de crudo son modestos: inferiores en un 10% a la media mensual de 2024 y en un 30% respecto al nivel de 2025.
