El Perú declara emergencia sanitaria por brote de sarampión en Lima, el Callao y otras 12 regiones

Las autoridades fundamentan la decisión en la persistencia de brechas de vacunación y el alto número de personas susceptibles, situación que aumenta el riesgo de diseminación en el país

El gobierno peruano decretó la emergencia sanitaria durante 90 días por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en el departamento de Puno y el riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, el Callao y otras 12 regiones.

La medida, publicada en el Diario El Peruano mediante el Decreto Supremo Nº 008-2026-SA, busca contener la expansión del virus ante un escenario de alta vulnerabilidad poblacional y bajas coberturas de vacunación.

La disposición oficial incluye a Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

El reciente brote de sarampión en Lima reaviva la preocupación en el sistema de salud peruano. Con cuatro casos confirmados tras años sin circulación local, especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la vigilancia ante una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves

El decreto detalla que la decisión responde al análisis del Comité Técnico del Ministerio de Salud (Minsa), que recomendó la declaratoria tras confirmar la transmisión local en Puno y advertir un elevado riesgo de propagación en múltiples regiones.

Según el documento, la emergencia tiene como objetivo central reducir el potencial impacto negativo del brote de sarampión en la salud de la población. El decreto encarga al Minsa, al Instituto Nacional de Salud (INS), a las Direcciones Regionales de Salud y a otras entidades del sector, la ejecución inmediata de acciones contempladas en el Plan de Acción adjunto al decreto.

La decisión del Ejecutivo se fundamenta en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, que garantizan el derecho a la protección de la salud, y en la Ley General de Salud (Ley Nº 26842), que establece la responsabilidad indelegable del Estado en la provisión de servicios de salud pública.

Jóvenes peruanos sentados en sillas y camillas en una sala de cuarentena, la mayoría con mascarillas, con personal médico con trajes protectores al fondo.

Un grupo de estudiantes peruanos cumple cuarentena en una instalación de salud, llevando mascarillas, tras su regreso de Bolivia por un posible contagio de sarampión, con personal médico trabajando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto también invoca el Decreto Legislativo Nº 1156, que habilita la declaración de emergencia sanitaria ante situaciones de riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.

De acuerdo con el texto oficial, la emergencia se declara después de que, el 7 de abril de 2026, la Alerta Epidemiológica AE-CDC-Nº005-2025 advirtiera sobre la transmisión local de sarampión en Puno y alertara sobre el peligro de expansión a otras zonas. La alerta instó a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas a fortalecer la vigilancia epidemiológica y a cerrar brechas de vacunación, así como a intensificar campañas de promoción de la salud y organización de los servicios sanitarios.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa identificó un alto riesgo de diseminación del sarampión en Perú debido al acúmulo de personas susceptibles y a las bajas coberturas de vacunación en las edades analizadas, además de la presencia de brotes activos en otros países de la región.

Esta evaluación, recogida en el Informe Nº D000015-2026-CDC-DVSP-YBB-MINSA, sostiene que el escenario epidemiológico configura una emergencia sanitaria que requiere intervención urgente.Por su parte, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, mediante la Nota Informativa Nº D001186-2026-DGIESP-MINSA, subrayó que, pese a las acciones de bloqueo vacunal y al incremento de la productividad vacunal en Puno, los resultados no permitieron recuperar la totalidad de personas susceptibles ni cerrar brechas históricas de vacunación en diferentes cohortes de edad. El documento advierte que persisten condiciones que limitan el control efectivo del brote.