Beni, Pando y Chuquisaca advirtieron que sus gobernaciones atraviesan una situación financiera crítica.
Gobernadores de distintas regiones del país coincidieron este viernes en demandar un nuevo pacto fiscal, mayor autonomía regional y medidas urgentes para enfrentar la crisis económica, durante el encuentro nacional convocado por el Gobierno en Cochabamba para construir acuerdos políticos y económicos.
Las autoridades departamentales expusieron la situación financiera de sus regiones y reclamaron una redistribución más equitativa de recursos, además de inversiones en infraestructura, seguridad jurídica y apoyo a los sectores productivos.
El gobernador del Beni, Jesús Égüez Rivero, afirmó que su departamento enfrenta graves rezagos económicos y sociales pese a su potencial productivo.
“El Beni puede ser un departamento libre y productivo por los recursos naturales que tiene”, sostuvo, al señalar que la región aporta cerca de 600 millones de dólares anuales a la economía nacional a través de la castaña, la ganadería, la agricultura y el sector forestal.
Égüez aseguró que el departamento proyecta generar hasta 1.000 millones de dólares en cinco años si cuenta con apoyo estatal, seguridad jurídica e infraestructura adecuada. Sin embargo, advirtió que la situación financiera de la Gobernación beniana es crítica.
“Si las demás gobernaciones están en terapia intensiva, Beni y Pando estamos en velorio”, afirmó.
El gobernador beniano reveló incluso que solicitaron a ENDE un plazo adicional para evitar el corte de energía eléctrica debido a deudas superiores a los 20 millones de bolivianos.
En la misma línea, la gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva Padilla, reclamó mayor atención del Estado hacia la Amazonia boliviana y denunció el abandono histórico de su región.
“Pando no pide privilegios, pide condiciones justas para desarrollarse”, afirmó.
La autoridad lamentó que, después de 15 años, aún no se concluya la carretera troncal que conecta al departamento con el resto del país y aseguró que muchas comunidades siguen aisladas durante meses por falta de infraestructura vial.
De Paiva sostuvo que la Amazonia debe ser considerada estratégica para la recuperación económica del país debido a su potencial productivo y ambiental.
“¿Quieren dólares verdes? Fijen sus ojos en la Bolivia verde que tiene La Paz, Beni y Pando”, señaló.
La gobernadora también pidió que la propuesta del pacto “50-50” contemple no solo criterios poblacionales, sino también territoriales y ambientales para distribuir recursos.
“La Amazonia no es solo población, es territorio, frontera y biodiversidad”, remarcó.
Desde La Paz, el gobernador Luis Revilla planteó un pacto nacional para la estabilidad económica que incluya acuerdos políticos y empresariales para frenar el deterioro económico, garantizar combustibles y generar divisas.
Revilla pidió además una nueva ley de hidrocarburos, una reforma minera y un acuerdo nacional de seguridad jurídica para las inversiones.
“Necesitamos una hoja de ruta concreta para enfrentar esta crisis”, sostuvo.
El gobernador paceño también respaldó la propuesta de redistribución “50-50” y pidió aliviar la carga financiera de las gobernaciones, afectadas —según dijo— por deudas y competencias transferidas sin recursos suficientes.
Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, describió la situación de su departamento como “un estado de coma financiero”.
“No tenemos ni para pagar los servicios básicos”, afirmó.
Ayllón denunció que Chuquisaca enfrenta altos niveles de migración debido a la falta de oportunidades y reclamó al Gobierno liberar a las gobernaciones de obligaciones como el pago de prediarios en cárceles, renta dignidad y otros gastos que considera competencias del nivel central.
“Necesitamos reacomodar la casa y reconstruir el país”, expresó.
Desde Oruro, el gobernador Édgar Sánchez pidió dejar atrás la polarización política y construir un modelo económico más equilibrado.
“El país no quiere volver ni al autoritarismo ni al pasado neoliberal”, afirmó.
Sánchez defendió una economía mixta con participación estatal y privada, además de mayores oportunidades para los productores campesinos y del altiplano. “La producción agropecuaria no puede concentrarse solo en una región”, sostuvo.
En representación de Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo Velasco defendió la vigencia de la Ley 1720 y cuestionó la decisión de Diputados de avanzar en su abrogación.
Velasco calificó la medida como “un atentado contra la libertad” de los pequeños productores y pidió regionalizar la discusión agraria para que cada departamento defina sus políticas.
Además, insistió en avanzar hacia un nuevo pacto fiscal y reclamó mayor equilibrio entre las competencias y los recursos que manejan las regiones. “Tenemos una mochila muy grande y un déficit estructural”, advirtió.
Pese a las diferencias regionales, los gobernadores coincidieron en la necesidad de construir consensos políticos, fortalecer la institucionalidad y avanzar en acuerdos concretos que permitan enfrentar la crisis económica y evitar un mayor deterioro social en el país.
