Tras la presión de sectores campesinos e indígenas y la amenaza de movilizaciones, el Ejecutivo acordó impulsar la abrogación de la norma y redactar una nueva ley “consensuada”, aunque insiste en mantener el objetivo central de facilitar acceso al crédito para pequeños productores.
El Gobierno nacional terminó cediendo ante la presión de organizaciones campesinas e indígenas y abrió el camino para la abrogación de la Ley 1720, una norma que había sido impulsada como una herramienta para facilitar acceso al crédito y fortalecer la producción agropecuaria, pero que terminó generando rechazo por la falta de socialización y el temor sobre posibles afectaciones a la propiedad de la tierra de comunidades indígenas.
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, admitió que el principal error en torno a la ley fue que no existió un debate amplio con los sectores involucrados antes de su aprobación en la Asamblea Legislativa.
“El debate sobre la 1720 faltó. Muchos sectores vieron que esta ley salió desde el poder legislativo sin la suficiente socialización”, reconoció la autoridad en entrevista con BTV.
Las observaciones provinieron principalmente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutb), la Cidob y otras organizaciones indígenas y campesinas que denunciaron incertidumbre respecto a los alcances de la norma y advirtieron con medidas de presión.
Aunque el Ejecutivo insiste en que la ley no afectaba tierras comunitarias ni territorios indígenas, terminó aceptando replantear completamente la iniciativa para evitar una escalada de conflictos sociales.
“Entendemos que muchos sectores vieron alertas o peligros en esta ley. Les han contado o les han hecho creer que podía afectarles, y como no se explicó a cabalidad, se generó susceptibilidad”, sostuvo Vaca Díez.
La autoridad admitió que el escenario de posibles bloqueos y paros obligó al Gobierno a buscar una salida política mediante el diálogo y la construcción de una nueva propuesta consensuada.
“Creemos que la solución para dar pacificación al país y evitar que las medidas de presión se profundicen es tratar una nueva ley donde todos los actores converjan”, afirmó.
El Ejecutivo ya acordó con organizaciones sociales impulsar el archivo de la actual Ley 1720 en la Asamblea Legislativa y trabajar en un nuevo proyecto normativo elaborado conjuntamente con sectores campesinos, indígenas y productores.
Según Vaca Díez, la nueva norma mantendrá “la esencia” de la Ley 1720, aunque incorporará nuevos artículos y ajustes planteados por las organizaciones sociales.
“La esencia es que el pequeño productor pueda tener acceso a ser mediano productor. Eso le permite acceder al crédito, trabajar su tierra, usarla como garantía y generar mayores recursos”, explicó.
El viceministro remarcó que la transformación de pequeño a mediano productor era completamente voluntaria y buscaba abrir oportunidades de financiamiento con tasas más bajas y mayores plazos, principalmente para productores agropecuarios y pequeños agricultores.
“El objetivo era que puedan producir a menor costo, generar mayor productividad y aportar a la seguridad alimentaria”, señaló.
Sin embargo, reconoció que el trasfondo político también influyó en el rechazo a la norma. Según dijo, algunos actores utilizaron el tema para generar “convulsión” y confundir a las bases campesinas respecto al verdadero alcance de la ley.
“Nada más falso que decir que se iba a quitar tierras o afectar TCO. La ley no habla de colectivos, no habla de territorios indígenas ni de comunidades campesinas”, afirmó.
Pese a ello, el Gobierno optó por desactivar el conflicto antes de que se profundicen las movilizaciones.
Vaca Díez confirmó que ya se firmó un acuerdo con la Csutcb y que el Ejecutivo trabajará con “todos los actores involucrados” para construir una nueva norma agraria de consenso.
“Hemos entendido que hay sectores que necesitan esta ley. En Santa Cruz, Beni, Tarija, pequeños productores agropecuarios y vitivinícolas están esperando una solución para poder acceder a financiamiento y crecer”, indicó.
La autoridad también hizo énfasis en la estrategia de diálogo impulsada por el Gobierno nacional para contener conflictos sociales en diferentes sectores.
“El presidente está trabajando permanentemente con todos los sectores. Lo hizo con transportistas, con la Cidob y ahora con los campesinos. La gente quiere trabajar en paz y nosotros tenemos la obligación de buscar acuerdos”, manifestó.
Durante la entrevista, el viceministro también aclaró que la Ley 1720 no incluía auditorías al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), revisión de titulaciones o procesos vinculados con sobreposición de tierras, como se había especulado en algunos sectores.
“No trata nada de eso. La 1720 es eminentemente el paso de pequeño productor a mediano productor mediante un trámite ágil y voluntario”, puntualizó.
No obstante, anunció que el Ejecutivo aprovechará las negociaciones abiertas con organizaciones sociales para impulsar otro tema pendiente: la aprobación de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 40 millones de dólares destinado al saneamiento y titulación de tierras.
Ese financiamiento permanece paralizado en la Asamblea Legislativa desde hace dos años y, según el Gobierno, permitiría reactivar plenamente el trabajo del INRA.
“Vamos a pedir que ese crédito sea tratado inmediatamente porque permitirá terminar el saneamiento y titulación de tierras en Bolivia”, indicó.
