El Gobierno de Venezuela anunció una actualización del denominado “ingreso mínimo integral”, que pasará de 190 a 240 dólares mensuales, en lo que constituye el primer ajuste significativo de ingresos laborales en varios años.
La medida fue comunicada en el marco del Día del Trabajador por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien calificó la decisión como un “incremento responsable” orientado a aliviar la pérdida del poder adquisitivo de millones de venezolanos frente al persistente proceso inflacionario que atraviesa el país.
Sin embargo, el anuncio generó críticas entre sindicatos y analistas económicos debido a que el salario mínimo base continúa congelado en 130 bolívares, una cifra que al tipo de cambio oficial equivale a apenas unos 30 centavos de dólar.
El nuevo esquema salarial no implica una modificación del salario base, sino una ampliación de bonificaciones complementarias, principalmente el bono de alimentación y el llamado “bono de guerra económica”.
Esto significa que, aunque el ingreso mensual efectivo de los trabajadores públicos se eleva a 240 dólares, ese monto no impacta sobre prestaciones sociales, aguinaldos, indemnizaciones ni aportes jubilatorios, que siguen calculándose sobre el salario mínimo oficial.
En paralelo, el Ejecutivo informó una suba de las pensiones hasta los 70 dólares mensuales, una mejora que desde sectores sociales fue considerada insuficiente frente al fuerte deterioro del costo de vida.
De acuerdo con estimaciones privadas, una canasta alimentaria básica para una familia de cinco integrantes en Venezuela supera actualmente los 670 dólares mensuales, casi tres veces el nuevo ingreso mínimo anunciado.
El contraste refleja la persistente fragilidad del sistema salarial venezolano, golpeado por años de inflación crónica, devaluación monetaria y pérdida de capacidad adquisitiva.
Diversos gremios laborales señalaron que el uso creciente de bonos no remunerativos permite al Estado contener el gasto público y evitar mayores compromisos fiscales, aunque a costa de profundizar la precarización laboral.