En la última retención de jucus habían menores de edad.
La problemática del abandono escolar en Potosí adquiere un matiz cada vez más preocupante porque menores no solo dejan las aulas para trabajar en la minería, sino que también terminan integrándose a grupos de jucus.
La representante de la Defensoría del Pueblo, Jacqueline Alarcón, informó que alrededor de 14 mil estudiantes dejaron sus estudios, según datos de la Dirección Departamental de Educación. Muchos de ellos ingresan a interior mina junto a sus familias, pero otros cruzan una línea más peligrosa al involucrarse directamente en actividades ilícitas.
El reciente hallazgo en la mina Kory Mayu expuso con crudeza esta realidad. Un grupo de 20 personas fue sorprendido extrayendo mineral de manera ilegal y, entre ellos, se encontraban cinco adolescentes de entre 15 y 17 años, quienes ya operaban como parte de estas cuadrillas.
La presencia de menores en actividades vinculadas al “juqueo” no solo refleja la crisis educativa, sino también un contexto de vulnerabilidad social más amplio. Factores como la pobreza, la falta de oportunidades laborales para las familias y la escasa contención institucional empujan a muchos adolescentes a buscar ingresos rápidos, aun a costa de exponerse a riesgos físicos y legales.
Especialistas advierten que el trabajo en interior mina, especialmente en condiciones irregulares, implica peligros extremos, desde derrumbes y exposición a gases tóxicos hasta accidentes con maquinaria. A esto se suma la participación en redes informales o directamente ilegales, lo que puede derivar en situaciones de violencia o explotación.
Desde distintos sectores, se insiste en la necesidad de reforzar políticas públicas orientadas a la retención escolar y la protección de la niñez. Programas de apoyo económico, seguimiento educativo y mayores controles en las zonas mineras aparecen como medidas urgentes para evitar que más menores queden atrapados en este circuito.
Mientras tanto, las autoridades continúan con operativos en distintos yacimientos para frenar la actividad ilegal, aunque reconocen que se trata de un fenómeno complejo, difícil de erradicar sin un abordaje integral que combine seguridad, educación y desarrollo social.
