El pleno dio luz verde inicial a una norma que perdona deudas antiguas y reduce multas. El Gobierno defiende la medida como un impulso económico, pero persisten dudas sobre su impacto fiscal.
Si usted tiene deudas con Impuestos, esta noticia le interesa. La Cámara de Diputados aprobó en grande la ley de alivio tributario, una norma que abre la puerta a eliminar multas, intereses e incluso deudas acumuladas durante años.
En términos prácticos, se trata de un “perdonazo” fiscal: el Estado busca recuperar parte de los recursos pendientes ofreciendo condiciones más flexibles a los contribuyentes.
Este primer paso legislativo es clave. La aprobación en grande confirma respaldo político para la norma, que ahora deberá ser debatida en detalle antes de su sanción final.
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, sostuvo que la medida busca corregir distorsiones y aliviar la presión sobre quienes arrastran deudas.
Según la autoridad, el objetivo es doble: permitir la regularización tributaria y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica. La propuesta apunta a que contribuyentes y empresas puedan ponerse al día sin enfrentar cargas acumuladas que, en muchos casos, resultan impagables.
El mensaje del Ejecutivo es claro: facilitar el cumplimiento en lugar de sostener un sistema que termina desincentivando la formalidad.
Qué establece la ley de alivio tributario
El núcleo de la norma es la condonación y regularización de deudas tributarias.
Condonación total de deudas, intereses y multas para obligaciones anteriores a enero de 2018
Exclusión de contribuyentes con deudas mayores a Bs 10 millones acumuladas hasta 2017
Regularización de deudas entre 2018 y 2025, sin intereses ni sanciones
Posibilidad de pago al contado o en hasta 24 cuotas mensuales
Plazo de 120 días para acogerse, ampliable hasta 2026
En síntesis, la ley permite a miles de contribuyentes “borrón y cuenta nueva” bajo condiciones excepcionales.
Cambios en el sistema tributario
La norma también introduce ajustes estructurales que van más allá del alivio inmediato.
Se establece un plazo general de cuatro años de prescripción para la fiscalización y cobro de deudas , además de modificaciones en la forma de calcular la base imponible en operaciones comerciales.
Estos cambios buscan ordenar el sistema tributario y dar mayor claridad en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Impacto económico: liquidez inmediata, dudas a futuro
El objetivo central de la ley es generar ingresos en el corto plazo. Al reducir sanciones, el Estado incentiva a los contribuyentes a pagar y regularizar su situación.
Esto puede traducirse en mayor liquidez fiscal en un momento en que Bolivia enfrenta:
Déficit fiscal sostenido
Menores ingresos por exportaciones
Presión sobre las finanzas públicas
Sin embargo, la medida también implica renunciar a parte de los ingresos por multas e intereses, lo que abre el debate sobre su impacto en el mediano plazo.
Lo que viene tras la aprobación en Diputados
Con la aprobación en grande, el proyecto pasará ahora a su tratamiento en detalle en la Cámara de Diputados. Posteriormente, deberá ser considerado por el Senado.
En esta fase se definirán ajustes clave antes de su eventual promulgación.
En el corto plazo, la norma puede aliviar a contribuyentes y generar recursos para el Estado. Pero su impacto estructural dependerá de su implementación y de si se complementa con políticas económicas más amplias.
